La Comissió Balear de Medi Ambient ha dado los primeros pasos para limitar la construcción de casas en nuevos suelos urbanos no transformados (edificados) si antes el ayuntamiento en cuestión no garantiza el abastecimiento de agua potable y la conexión a la depuradora para toda su población. Este es el caso del Ajuntament de Puigpunyent que ha solicitado al Govern una modificación puntual de las Normas Subsidiarias del municipio en una unidad de actuación (UA-8) lo que permitiría la construcción de cinco nuevas viviendas en vez de las veinte proyectadas en un primer momento en sus Normas Subsidiarias.
La Comissió de Medi Ambient, que preside Antoni Alorda, ha dado el visto bueno a esta modificación pero la condiciona a que el Ajuntament no podrá «conceder derechos edificatorios que comporten consumo de agua o conexión a la red de saneamiento hasta que no se acredite la suficiencia del suministro y la capacidad de depuración», según detalla el informe técnico.
Ello significa que los titulares de las cinco parcelas urbanas no podrán construir si antes el gobierno municipal no replantea sus parámetros sobre la conexión con la depuradora y suministro de agua. «No sirve de nada transformar si no puedes abastecer a la población», explica Alorda mientras recuerda que la población de Puigpunyent es de unos 2.000 habitantes cuando sus normas subsidiarias prevén un crecimiento de hasta 7.000.
Un caso similar sucede en el Pla de Na Tesa, en el municipio de Marratxí. Aquí la Comisión Balear de Medi Ambient también ha dado su visto bueno al proyecto de urbanización en un entorno urbano residencial (UE 4-10) lo que permitiría la construcción de unas 60 nuevas viviendas. Pero supedita que el Ajuntament pueda dar licencia urbanística a que entre en funcionamiento la ampliación de la EDAR Palma II. Es decir, la construcción de la nueva depuradora de Palma que debe hacer el Estado. Es más, Medi Ambient deja claro al Ajuntament de Marratxí que tendrá que «valorar» si aplaza el proyecto de urbanización hasta contar con plenas garantías que se va a construir la nueva depuradora o, en caso contrario, deberá informar a los afectados que sus licencias vienen condicionadas a ello. «En ambos casos son terrenos en suelo urbanos que, en las Normas Subsidiarias, estaban previstos como unidades de ejecución. Ahora lo que nos corresponde es borrar estos urbanizables si no pueden garantizarse los servicios como el suministro de agua o la depuración de las aguas residuales para el municipio», recuerda Alorda