Nueva negativa de la familia Ordinas a vender la finca donde se ubica el Castell de Alaró al Consell de Mallorca. La propiedad se reunió el miércoles con la Conselleria insular de Territori que dirige Maria Antònia Garcias en un encuentro que, según Miquel Àngel Ordinas, fue breve e infructífero. «La consellera nos volvió a ofrecer 1 millón de euros por la compra de la finca, una cantidad que ya rechazamos en la reunión el 29 de agosto», apuntó ayer Ordinas al confirmar que rechazan la oferta de la institución insular y aclara que esta no les ofrece 1,1 millones, como se anunció, sino «un millón justo».
Ordinas toma de nuevo el pulso al Consell y asegura que «el Castell de Alaró será de todos los mallorquines si paga 2,1 millones que es la oferta que actualmente tenemos sobre la mesa de un comprador alemán». Además, la familia Ordinas reitera de nuevo que son los legítimos propietarios de la fortificación. «Las torres, la muralla, aljibes y la cueva de Sant Antoni, todo el conjunto, lo compró mi abuelo en 1935 y luego pasó a mi padre», recalca contradiciendo así las declaraciones del Consell y del propio Ministerio de Cultura que asegura que la fortificación es de titularidad pública.
Es más, Miquel Àngel Ordinas asegura que «la cesión de las murallas al Consell está bloqueada porque el registro de la propiedad de Inca no acepta la inscripción del Castell». Por contra, en una respuesta escrita al senador Vicenç Vidal, el Ministerio de Cultura deja claro que el «Castillo de Alaró es de titularidad de la Administración General del Estado y está afectado al Ministerio de Cultura».
Identificar qué es de titularidad pública y qué parte es privada
En respuesta al senador Vicenç Vidal, la secretaria del Estado señala que la Administración General del Estado está tramitando ante el Registro de Propiedad la «correspondiente rectificación registral» que permita identificar qué partes del conjunto de la finca son de titularidad pública respecto a las privadas (ya que la fortificación está dentro de una finca privada). Este es uno de los puntos importantes para que el Ministerio pueda efectuar la cesión de la fortificación al Consell de Mallorca. Por contra, la familia Ordinas asegura que si el Estado lo inscribe «recurriremos a los tribunales».