El colectivo Indignats de la MA10, que lleva años protestando ante las instituciones competentes para poner fin a las carreras ilegales y el uso automovilístico abusivo e incluso ilegal de la carretera de la Serra de Tramunana (MA10), se ha mostrado extremadamente escéptico ante el anuncio de la nueva Llei de Tramuntana que quiere impulsar el Consell. El colectivo recuerda que lo único que se persigue es limitar los rallies autorizados, pero no prohibirlos como ellos han solicitado por considerar que se trata de una actividad incompatible con un entorno protegido.
Indignats de la MA10 se ha mostrado además extremadamente crítico con las autoridades competentes al considerar que «la delegada del Gobierno, la presidenta del Consell o el conseller de Carreteras, Iván Sevillano, nos han decepcionado mucho y nos han hecho perder el tiempo». El colectivo va aún más allá al opinar que, bien al contrario, «han trabajado mucho para consentir que la situación no solo no haya cambiado, sino que haya empeorado, mientras ellos se han desprendido de toda responsabilidad». En una carta admiten que el departamento de movilidad y territorio limitó la velocidad en algunos tramos de la Serra, motivo por el que «no podemos decir que no hayan hecho absolutamente nada». Pero a la vez recuerdan que «el mismo día en que se estrenaban estas nuevas medidas, los delincuentes avanzaban a los usuarios a toda velocidad, a veces con la rueda delantera levantada, para dejar claro que, en la MA10, mandan ellos», considerando que ha sido «un gran despilfarro de dinero público y una humillación vergonzosa».
GOB
La plataforma vecinal también lamentan que las autoridades no hayan dicho hasta ahora «ni una sola palabra» sobre las posibles consecuencias de la denuncia que el GOB interpuso ante el ICOMOS (organismo que regula las zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad de la Unesco) sobre estas actividades contrarias a la conservación de la Serra. Recuerdan que la entidad ecologista dio este paso «después de considerar la incapacidad del Consell para afrontar y resolver esta situación». En este sentido, creen que las autoridades insulares deberían aclarar «si apoyan esta denuncia del grupo ecologista, o si la rechazan, pero no han dicho absolutamente nada sobre ello».