Los trabajadores del servicio público municipal de limpieza viaria de Inca, pertenecientes a la empresa Prezero España, han anunciado una huelga indefinida que comenzará el 15 de noviembre, dos días antes de la celebración del Dijous Bo. El secretario general de la Federación de CCOO de Construcción y Servicios Illes Balears, Miguel Ángel Pardo, confirmó este lunes a Ultima Hora que se había comunicado la intención de realizar la huelga a la Conselleria de Treball y aclaró que los paros afectan al servicio de limpieza viaria y no al de recogida de basuras.
Los motivos de la huelga, según CCOO, se deben a que «en el convenio firmado en 2020 se acordó que, si en 2021 no se había adjudicado la nueva contrata, las partes se reunirían para pactar los aumentos de sueldo correspondientes al año 2022. Hemos solicitado reunirnos y la empresa está alargando los plazos». Miguel Á. Pardo denuncia que «no se cumple la ley de prevención». Mañana habrá una reunión en el TAMIB para intentar resolver el conflicto.
El Ajuntament d'Inca celebró este lunes un pleno extraordinario para aprobar la propuesta de estructura de costes y la fórmula de revisión de precios del nuevo contrato de limpieza viaria. La regidora de Serveis, María del Carmen Oses, explicó que «el estudio económico se ha rehecho en abril, después de haber incluido el convenio autonómico, para incorporar los mayores costes de la energía». El portavoz de Independents, Àngel Garcia, reclamó «mayor diligencia en la tramitación, porque ya era urgente en 2019 y llegaremos a 2023 sin el nuevo servicio».
El apunte
UGT dice que «la gestión pública ahorraría 60 euros por habitante»
UGT Balears advirtió este lunes del «desliz importante» que existe entre el coste que supone para la ciudadanía el servicio de recogida de residuos entre la gestión pública y la privada. El secretario general de UGT Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, presentó un informe sobre la situación del sector de recogida de basuras y limpieza viaria. El documento detalla que el coste anual por habitante es de 130 euros en los municipios con empresa pública, frente a los 190 en los municipios con el servicio privatizado. UGT reclama la creación de un organismo insular que gestione el servicio.