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Denuncian el vertido incontrolado de los contenedores soterrados en Son Servera

Los trabajadores del servicio alertan del «riesgo» para las personas

Las instalaciones se encuentran en un estado decadente, oxidadas y sin mantenimiento de limpieza.

| Son Servera |

Los trabajadores de la contrata de la recogida selectiva y de residuos sólidos urbanos del Ajuntament de Son Servera han mostrado su preocupación por el estado actual de los contenedores soterrados de residuos y de reciclaje de Cala Millor y Cala Bona por los «vertidos incontrolados de líquidos que pueden suponer un riesgo para el personal y los ciudadanos». El tema se ha puesto en conocimiento de las administraciones competentes para encontrar una solución. Así lo denunció a este periódico Manuel Sánchez, representante sindical de los trabajadores de la recogida de basuras. «Las instalaciones soterradas están en un estado decadente, contenedores oxidados y sin mantenimiento de limpieza».

De esta manera advierten que «al no tener bombas de agua se acumulan en el fondo aguas estancadas durante meses y se mezclan con el líquido que suelta la basura y las costras que se forman en el contenedor al no limpiarse durante meses. Y cuando se extrae el contenedor del soterrado hay un vertido incontrolado importante de líquidos lixiviados sobre la vía pública que pueden suponer un riesgo biológico para trabajadores y la ciudadanía en general». Según explican los trabajadores, el mal estado de los contenedores soterrados se comunicó hace años a la empresa y al Ajuntament. Sánchez recuerda que «se informó el 25 de agosto de 2020 en una reunión con el regidor encargado del área y en otra reunión de 13 de abril de 2022 con el mismo responsable de Medi Ambient para recordar que siguen en mal estado. Desde UGT se mandó un escrito al ayuntamiento pidiendo al regidor que explicará la situación y las medidas que se iban a tomar».

El contrato de recogida caducó hace unos años. El pleno de 26 de octubre aprobó el pliego de condiciones para la nueva recogida que saldrá a adjudicación por 16 millones de euros y por un periodo de seis años. El objetivo es reducir la presencia de residuos en las calles, el cumplimiento de la normativa y un mayor control.

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