«Aquí mando yo» y «soy el puto amo». El alcalde de Binissalem, Víctor Martín (UxB), despachaba así a la secretaria del Ajuntament ante advertencias de irregularidades por su parte. La funcionaria ha declarado esta semana como testigo en el Juzgado de Instrucción 2 de Inca en la causa que investiga por un posible delito de malversación al regidor.
En su declaración, la máxima funcionaria municipal, a cuyo cargo está la vigilancia de la legalidad de todas las decisiones que se toman en un consistorio, relató frecuentes choques con un airado Martín. Ese constante tono llevó a que la testigo pidiera el traslado a otro destino tras coincidir durante apenas cuatro meses con el nuevo primer edil.
Según su versión, una de las razones de ese cambio fue el miedo a verse salpicada por alguna gestión ilícita por parte del alcalde. Señaló que esa situación le generó mucha angustia y temor ante lo que pudiera ocurrir.
La causa contra Martí parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción ante las sospechas de un delito continuado de prevaricación y otro de malversación cometida por el alcalde. Antes la Oficina Anticorrupción del Parlament había recibido una denuncia conjunta de PP, PSIB y Més por las prácticas reiteradas del edil. Los dos órganos aprecian indicios de delito. El juzgado había señalado para esta semana también la declaración de la interventora municipal y del propio alcalde. Sin embargo, suspendió ambas citaciones una vez que la acusación particular presentó como prueba documental una nueva tanda de facturas con supuestas irregularidades impulsadas por el alcalde.
Estos expedientes son recientes y abarcan desde el pasado mes de abril, cuando se formalizó la denuncia hasta la actualidad. La investigación intenta aclarar si, de forma reiterada, el alcalde aprueba gastos mediante decreto sin que las facturas pasen por concursos previos o se sometan de forma posterior al control de la intervención municipal. De hecho se incluyen recibos que habían sido rechazadas previamente por los funcionarios.
Irregularidades
Entre las supuestas irregularidades está la contratación de empresas para llevar a cabo tareas para las que el Consistorio ya dispone de personal, como brigadas de obras. También se incluye el encargo a una empresa de espectáculos de trabajos para el Ajuntament que nada tienen que ver con ese campo. El juzgado tiene que fijar ahora la nueva citación para que el alcalde explique esa mala gestión que se extiende a decenas de facturas y contratos no justificados a juicio de las acusaciones personadas en el caso. Tendrá especial peso en la causa la declaración de la interventora municipal, que es la funcionara encargada de validar todos los gastos del Ajuntament.
Pues vaya panda de funcionarios, que tienen miedo ??? cuando el político no puede mover un papel si no lo firma el funcionario. Tanto miedo....yo creo que no tienen claro su trabajo que es otra cosa. En estos terminos la ley está clara y si no se firma, no se firma. Ya puede decir el alcalde lo que quiera, y si lo hace mal, pues ya se verá....pero que un funcionario tenga miedo da algo de risa.