La crisis económica derivada de la pandemia y de la caída de la actividad turística ha llevado a los Serveis Socials de Santa Margalida a una situación límite por la demanda de ayuda sin precedentes que reciben por parte de numerosas familias afectadas. Si en octubre eran 1.450 personas las que recibían productos básicos del Banco de Alimentos, un mes después la cifra se sitúa en 1.782 personas, «lo que representa un incremento del 68 por ciento respecto a antes del verano», explica el concejal de Benestar Social, Miquel Estelrich.
«Nos encontramos frente a una situación desconocida de emergencia sanitaria social, en la que ni la crisis de 2008 nos sirve de precedente; somos un municipio cuya economía se basa en el turismo y el sector servicios». Tras el final del estado de alarma, la actividad turística, comercial y de restauración no llegó a recuperarse en Can Picafort, el núcleo turístico del municipio y también el que tiene más población. Muchas familias que no pudieron hacer la temporada el verano pasado, se ven ahora con severas dificultades económicas. Buena parte de los usuarios de los servicios sociales son nuevos.
Escola Viva
«Hemos doblado el número de trabajadores sociales, de tres pasamos a seis, para intentar dar respuesta a las numerosas demandas de la población, que se incrementaron un 75 por ciento, básicamente alimentos y para pagar el alquiler y para realizar diversos trámites», explica Estelrich. Este otoño, con la demanda aún en aumento, se ha contratado a una trabajadora social más y dos educadores más para atender a los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. «Ahora se les atiende de manera individual desde que, en verano, tuvimos que suspender temporalmente el programa Escola Viva a causa de la COVID-19, pero tenemos la intención de reconvertirlo en un nuevo plan de adolescencia e infancia en el cual estamos trabajando». La supresión de este servicio fue criticada por SUMA.
El Ajuntament también se ha visto obligado a doblar la partida prevista de 50.000 euros para ayudas de alquiler e hipoteca, alimentos y libros escolares, entre otras necesidades, con otros 50.000 euros de fondos propios.
La demanda de alimentos es la que más se ha disparado. En 2019, la media de vecinos que recibían productos básicos era de 458; en agosto la cifra pasó a 1.214 y ha seguido en aumento hasta los 1.792 vecinos en noviembre. «Hemos tenido que comprar alimentos porque lo que recibimos del Fons Social Europeu es del todo insuficiente; entre marzo y junio habíamos destinado 20.451 euros a comprar alimentos básicos y otros 15.000 euros para cubrir julio, agosto y septiembre».
Pese a funcionar al máximo de su capacidad, no sobra el optimismo. «Tanto desde el punto de vista político como del técnico, coincidimos en que lo peor de esta crisis está por llegar; las soluciones se tienen que dar de manera coordinada entre las instituciones, teniendo en cuenta que la primera puerta a la que llama la ciudadanía son los ayuntamientos», concluye Estelrich.