El conflicto por la gestión de las aguas residuales de la Platja de Muro y Can Picafort lleva camino de resolverse en los tribunales, aunque todas las partes enfrentadas quieren que el Gobierno de España tome cartas en el asunto, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige la ministra Teresa Ribera.
Tras las fallidas negociaciones entre la Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (Abaqua) y los ayuntamientos de Muro y de Santa Margalida para renovar el convenio a tres bandas por el que compartían la gestión de la depuradora de Son Bosc (situada en Platges de Muro pero que recibe las aguas residuales también de Can Picafort), ayer tuvo lugar una reunión técnica entre el director gerente de Abaqua, Guillem Rosselló, y sus técnicos, con el Ajuntament de Muro para abordar el traspaso de esta depuradora, que ahora el organismo del Govern gestiona en precario desde el 2 de octubre.
Acudirán al Ministerio
En esta reunión Abaqua y el Ajuntament de Muro acordaron exigir al Ministerio de Transición Ecológica que construya la nueva depuradora de Can Picafort, cuyo proyecto fue declarado de interés estatal por el Gobierno central y que ha pasado los informes ambientales y está en fase de licitación. Este proyecto, acordado por las tres partes en un convenio firmado en 2005, no ha llegado a materializarse por la oposición frontal que ha ejercido el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, en las dos últimas legislaturas, porque supone la construcción de un emisario submarino que vertería el agua depurada mar adentro, a cinco kilómetros de sus playas.
Ni Monjo ni ningún representante de Santa Margalida participó el viernes de esta reunión para tratar sobre el conflicto de la depuradora de Son Bosc y del proyecto de una nueva planta en Can Picafort. «No perderé el tiempo con Medi Ambient, que ha cambiado de postura de un día para otro; el 10 de septiembre acordamos que la Conselleria cesaría en su empeño de construir una depuradora con emisario en Can Picafort y ahora se echa atrás para tener una excusa ante la Fiscalía que ha abierto diligencias por las consecuencias medioambientales del mal funcionamiento de Son Bosc», apunta Monjo. Tanto él como el alcalde de Muro, Toni Serra, aseguran que esta semana han remitido a la Fiscalía la documentación requerida sobre su implicación en esta depuradora situada junto a s’Albufera y cuyo funcionamiento es insuficiente para el caudal que recibe, según ambos alcaldes. Fuentes de la Conselleria de Medi Ambient sin embargo, defienden que «Son Bosc cumple con los parámetros» y señalan que la Fiscalía no ha solicitado al Govern ninguna documentación. Para la Conselleria, su posición actual sobre este conflicto se resume en que «Medi Ambient no renuncia a la nueva depuradora mientras Santa Margalida no aporte un proyecto alternativo viable y que satisfaga a las tres partes».