Los concesionarios de los servicios de la playa del Port de Pollença se enfrentan a cuantiosas multas por parte de Demarcación de Costas de Baleares. Durante las últimas semanas los empresarios que están prestando servicios de restauración y ocio están recibiendo notificaciones de multas por valor de miles de euros por haber iniciado su actividad sin aguardar a las resoluciones de sus solicitudes.
Al inicio de la temporada y ante la situación excepcional que se vivía, el Ajuntament, que habitualmente solicitaba a Costas la gestión de los servicios para después sacarlos a concurso, comunicó a las empresas su decisión de dejar en sus manos la tramitación de los permisos, «para acelerar los trámites y no obligar a los solicitantes a presentarse con una incertidumbre absoluta».
Sanciones
Los que así lo desearon comenzaron a presentar sus solicitudes al organismo dependiente del Gobierno central. Ese fue el caso del Sail Surf Pollença, regentado por Annika Möller. Este centro, que lleva en activo en la playa desde 1988 presentó en mayo su solicitud acompañada del informe técnico preceptivo. Semanas después, en el mes de julio, Costas le exigió un nuevo informe avalado por un ingeniero, que supuso un nuevo desembolso de 800 euros. Este iba acompañado, como todos los de los demás empresarios, de un informe técnico favorable del ayuntamiento, que según Annika, siempre se ha mostrado cooperativo. Tras semanas de silencio la sorpresa llegó en forma de expediente sancionador con una propuesta de resolución de 20.000 euros de multa, muy cuantiosa para una escuela que si bien funcionó al 80 % de su capacidad durante julio, ahora está en apenas un 10 %.
Caso similar es el de Miquel Vives, propietario del chiringuito La Roca. Este empresario recibió hace dos semanas una notificación por la cual se le exigían unos 3.000 euros de multa y el cese inmediato de la actividad. La multa llegó tras semanas de llamadas y correos electrónicos a Costas sin obtener respuesta alguna. A día de hoy y tras consultarlo jurídicamente, no ha hecho efectiva la multa, ya que su pago supondría la aceptación de una sanción «injusta» y el cese del negocio en un año especialmente complicado.
La situación es similar para unos 60 negocios de la zona y estaría motivada, según el alcalde Tomeu Cifre, por el retraso de meses en la actividad de Costas por el confinamiento. Aún así los empresarios se sorprenden de la celeridad de este organismo para tramitar los expedientes sancionadores y su paralización en la respuesta a las peticiones, presentadas, según ellos, en plazo y forma correctos. Por último el alcalde reclama a la administración «sensibilidad en un año muy difícil, más teniendo en cuenta que en los 3 años anteriores no habían iniciado ninguna sanción».