El Ajuntament de Pollença, con el apoyo del Club Nàutic del Port de Pollença, la cofradía de pescadores, agentes sociales y de la asociación de vecinos del Moll, ha vuelto a solicitar a la Demarcación de Costas que regule los fondeos ilegales en el litoral, especialmente los más de doscientos que actualmente se localizan en la playa de Albercutx.
El alcalde Bartomeu Cifre (Tots) explicó este jueves que «con el temporal ‘Gloria' se puso en evidencia la fragilidad de este tramo de la bahía. Un gran número de estas embarcaciones fondeadas quedaron varadas y otras se hundieron completamente, dejando todos los residuos depositados en el agua. La eliminación de este problema «supuso un coste muy importante tanto para el Ajuntament como para Costas y durante todo este tiempo hemos tratado de forma infructuosa que las administraciones competentes asuman la regularización de toda esta lámina de agua afectada. Ahora nos encontramos en pleno verano y hemos pasado de tener unas treinta barcas después del temporal a superar las doscientas con sus respectivos ‘muertos'», concluyó Cifre, quien también hizo mención a la intención que tenía Ports de colaborar en la gestión de esta lámina de agua, sin que se hayan producido novedades.
Negocios
Desde el Ajuntament se han detectado personas que realizan negocios ilegales mediante el alquiler diario de ‘muertos' o con traslados hasta la arena y viceversa. La ocupación llega a tal extremo que se encuentran bloqueados los canales reservados a Salvamento Marítimo.
La solución pasa, según los responsables municipales «en convocar la comisión mixta en la que participen todos los agentes implicados y se pueda dar una resolución definitiva a un problema en el que nos sentimos desprotegidos», afirmó Cifre.
Por otra parte, el alcalde denunció que «cada vez que queremos regular asuntos del entorno de la bahía nos encontramos con una negativa subjetiva de la Conselleria de Medi Ambient». Como ejemplo mencionó «la denegación de dos parques infantiles en la arena que se montaron en la anterior legislatura».
El caso «más sangrante» para el alcalde es «la ampliación de las mesas de pícnic en la zona de uso público gratuito de Llenaire. No tan solo nos la han denegado, sino que nos obligan a retirar las existentes».