El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal (PSOE), ha manifestado este jueves su respaldo a la decisión del Govern de cerrar los locales de la calle Punta Ballena de Magaluf en el marco de la pandemia: «No podemos poner en riesgo la salud de todos y la economía de todos, ni los empleos», ha asegurado.
Rodríguez Badal ha asegurado, en declaraciones a los medios facilitadas por el consistorio, que el municipio lleva 5 años «trabajando mucho para erradicar los excesos» y realizando «una apuesta firme por un turismo de calidad, con medidas normativas y de seguridad».
Ha defendido ese cambio de modelo y ha recalcado que «no es cuestión de estigmatizar el ocio, hay que estigmatizar el exceso».
Rodríguez Badal ha recordado que el decreto de excesos que aprobó el Govern el pasado enero amplió el marco normativo para controlar con mayor eficacia esos excesos que «todavía pervivían» y ha puntualizado que, aunque muchos empresarios empezaban a entender el mensaje de ofrecer ocio de calidad y desterrar los excesos, «otros insistían en ese error y estaban dañando el destino».
Ha detallado que el Ayuntamiento de Calvià había tramitado casi 30 denuncias antes del estado de alarma por anuncios de todo incluido, barras libres y similares que indican que «antes de empezar la temporada, se estaba conculcando ya el decreto de excesos». El primer edil ha añadido que, desde Sant Joan, se han impuesto una treintena de denuncias, veinte de ellas en Magaluf.
Rodríguez Badal ha incidido en que a la lucha contra los excesos se ha sumado la pandemia, que no ha terminado a pesar de que Baleares tiene unos índices epidemiológicos «francamente buenos» en comparación con otras zonas, por lo que «es necesario seguir protegiendo la salud de los ciudadanos y los turistas».
En un momento en el que se ha conseguido activar parcialmente la economía, Rodríguez Badal ha abogado por salvaguardar los empleos esta temporada, y dado que en «esas zonas de ocio», por la coincidencia de muchos locales que dificultan el control de la distancia social, «había que tomar una decisión y el Govern balear ha optado por una decisión dura y difícil».
«Comprendemos la preocupación e incluso el enfado de los empresarios afectados, pero cuando se gobierna hay que pensar en el interés general y global», ha afirmado.
Ha insistido en que esas zonas con una alta densidad de locales de ocio «impiden que se pueda garantizar la preservación de la salud pública de los residentes, de los trabajadores y de los turistas que lleguen». «Y con ello la imagen de un destino seguro que es el único sello que realmente puede hacer que esta temporada tengamos actividad económica: la seguridad sanitaria», ha afirmado.
Sobre la posibilidad de que el cierre de Punta Ballena desplace los excesos a otros lugares, el alcalde cree que el Gobierno central y la Guardia Civil, que es la que tiene las competencias de seguridad ciudadana en Calvià, deben asumir la vigilancia con la colaboración de la Policía Local «para velar por el correcto desarrollo en las zonas adyacentes a la que el Govern ha decidido cerrar», así como también de los clubes de playa y botellones.
El alcalde ha apelado también a la responsabilidad empresarial y personal: «Las fuerzas de seguridad han de estar, pero no podemos tener un policía o un guardia civil en cada terraza, en cada esquina, cada playa, cada local o cada club de playa. O la sociedad es responsable o será difícil mantener la actividad económica de tantos trabajadores que ahora lo están empezando a conseguir».
En cuanto a la posibilidad de establecer ayudas para los empresarios afectados, el alcalde ha recordado el pacto social por la reactivación vigente en el municipio, que va a suponer 8,9 millones de euros y que incluye protección social y ayudas a autónomos y ha añadido que muchos de los afectados lo son.
Ha recordado que, entre el Govern y el Consell de Mallorca destinan unos 600.000 euros a ayudas a empresarios de Calvià y el consistorio «ha puesto 1,5 millones más para poder llegar a todos los autónomos» y relanzar el comercio, y con medidas fiscales de reducción de tasas y aplazamiento de impuestos para el sector productivo.