Las presiones de Més para que el Govern presidido por la socialista Francina Armengol echara para atrás el artículo 6 del decreto 8/2020 que posibilitaba la regulación de las instalaciones para la custodia, reparación y mantenimiento de embarcaciones en suelo rústico en Andratx no sólo ha despertado la indignación de los empresarios y trabajadores que se dedican a esta actividad. También ha indignado a la alcaldesa Katia Rouarch (PI) quien se desmarca de lo que sus socios de gobierno han decidido en Palma respecto a las marinas secas, uno de los motores económicos del municipio. Rouarch rechaza «rotundamente» el nuevo decreto del Govern, el 9/2020, que suspende el artículo 6 del anterior, aprobado hace poco más de una semana. «Desde el PI seguiremos reclamando la creación de un polígono que pueda dar cabida a esta actividad económica. Prohibir no es proteger», advierte la alcaldesa a sus socios de Més y a las organizaciones ecologistas afines a los ecosoberanistas.
Por su parte, el portavoz de Més en el Ajuntament, Joan Manera –quien en menos de un mes sustituirá a Rouarch en el cargo de alcaldesa y a quien los afectados por la marcha atrás en la regularización de la actividad de las marinas secas en suelo rústico boicotearán su toma de posesión–, asegura que «estamos en la misma situación de hace dos semanas y de hace cuatro años». La única posibilidad, añade Manera, de legalizar las marinas secas, mediante la creación de un polígono de servicios, es «hacer un decreto especial para Andratx, dada su situación particular». Con esta ‘situación particular' se refiere a que más del 90 por ciento del suelo rústico está protegido y no quedan otras parcelas donde ubicar una actividad de la que depende la economía de cientos de familias. «Es la única solución posible. Lucharé para que Andratx tengo un polígono de servicios controlado y ordenado», recalca el futuro alcalde.
Desde el PSOE optan por enfriar el debate y su portavoz, Antoni Mir –que ostentará la Alcaldía durante los dos últimos años de la legislatura– considera que «cuando se aprueben las nuevas Normas Subsidiarias (NNSS), todo esto podrá llevarse a cabo». En este extremo coinciden Més y PI.
Por parte de la oposición, la portavoz del PP, Estefanía Gonzalvo, se pregunta «qué excusa podrá poner ahora Més cuando prometió a los afectados trabajar par a buscar una solución y les han cortado cualquier posibilidad de solucionar su problema. Es una vergüenza jugar con el pan de mucha gente de esta manera. Hacen lo posible para perjudicar al turismo demostrando que lo que saben hacer mejor es poner trabas al futuro y al motor económico del municipio», denuncia Gonzalvo.
Finalmente, el portavoz de Cs, Gaspar Palmer, critica que con la marcha atrás en el decreto 8/2020 «se deja escapar una oportunidad caída del cielo».