Los ayuntamientos plantarán cara a la modificación de la Llei de Patrimoni que está tramitando el Parlament balear y por la cual el Govern se reserva el derecho a atribuirse bienes procedentes de personas fallecidas sin dejar herederos. Actualmente, estas herencias ab intestato, como se conoce en términos jurídicos al patrimonio de personas que han fallecido sin dejar testamento ni tener herederos legítimos, pasan a ser propiedad, a partes iguales, del ayuntamiento y del consell insular correspondientes al municipio e isla donde tuvo su última residencia la persona difunta, en los casos de Mallorca y Eivissa, al estar contemplado en la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears de 1990, pero no a Menorca.
Este asunto ha sido abordado esta semana en el seno de la Federació d'Entitats Locals (FELIB), órgano que representa a todos los ayuntamientos de las Illes Balears. El presidente de la misma, Toni Salas, advierte de que no aceptarán sin más lo que consideran una invasión de las competencias municipales por parte del Govern. «Hay unanimidad entre los representantes municipales, pedimos explicaciones sobre lo que parece una invasión de competencias», añade.
Esta modificación de la Llei de Patrimoni ha sido incluida en la tramitación de los presupuestos de la CAIB para 2020, publicada en el BOIB el 9 de noviembre. Actualmente, está establecido que son el ayuntamiento y el consell beneficiarios quienes tienen que trasladar al Govern una propuesta sobre el destino que se dará a los bienes heredados. Con esta modificación, el Govern que preside Francina Armengol se reserva el derecho de quedarse con los bienes que sean de su interés, mediante un procedimiento de «declaración de interés especial». Para ello, deberá indemnizar al ayuntamiento y al consell correspondiente, pero siendo el mismo Govern quien fije el valor de los bienes que se atribuya. La Federación de Municipios considera que «esta modificación contradice la Compilació de Dret Civil y otorga a la CAIB un privilegio, al ser parte interesada y fijar el precio de compra; para ello ya existen procedimientos como la compra - venta o la expropiación, mucho más garantistas», señala la entidad, cuyos miembros pedirán sus partidos que presenten alegaciones en el Parlament.