El secretario municipal de Santanyí ocupa una vivienda que es propiedad del Ajuntament totalmente gratis desde hace 30 años. El tema salió a la luz durante el transcurso del pleno de este jueves en el que el grupo de la oposición Suma pidió un despacho. Ante la negativa del equipo de gobierno (PP), el grupo mayoritario de la oposición instó a realizar una actualización del inventario municipal porque el secretario ocupa un piso del Consistorio, gracias a un decreto que se aprobó en tiempos del franquismo y que caducó hace más de 30 años.
El funcionario de alto rango reside en una vivienda de unos 110 metros cuadrados que se encuentra en el primer piso del edificio que también acoge Servicios Sociales. El inmueble se encuentra en la calle Centre, justo al lado de la plaza del Ajuntament, y según un informe del asesor jurídico municipal se considera que la cesión del piso al secretario es legal, aunque añade que «no hay ninguna normativa vigente aplicable que obligue al Ajuntament a mantener este inmueble como vivienda oficial del secretario». Cabe recordar que el anterior secretario de Santanyí también residió en este mismo inmueble y se ofreció el mismo piso al actual funcionario, que llegó hace tres décadas procedente de Madrid. Es una situación que se ha mantenido en los años.
Aunque el asesor jurídico de Santanyí concluye en su informe que no se vulnera ninguna ley, la alcaldesa, Maria Pons, explicó al finalizar el pleno de este jueves que «se pedirá una segunda opinión y si el informe externo apunta a una posible ilegalidad que nadie ponga en duda que no se darán ni 24 horas al secretario para que abandone el piso. No haremos nada que esté fuera de la ley», sentenció.
Aunque actualmente no hay ningún otro secretario en Mallorca que resida en una vivienda pública, sí los había en tiempos del franquismo. Fue, precisamente, en este periodo (en el año 1952) cuando se aprobó un decreto que instaba a los ayuntamientos a ofrecer una vivienda a los secretarios debido a la falta en la Isla de estos altos funcionarios, que se trasladaban desde el Península.
Dicho decreto se derogó en el año 1986 por lo que el Ajuntament no tenía por qué ceder la vivienda al actual secretario, que llegó a Santanyí en el año 1989. Aún así, se cedió el piso al funcionario, una vivienda que aún ocupa hoy en día a coste cero.
En el informe del asesor jurídico se indica que «actualmente no existe un derecho a casa-habitación a favor de los secretarios del Ajuntament ni tampoco un derecho a indemnización por este concepto» y añade que «el Ajuntament no tiene ningún deber legal de ceder una vivienda al funcionario como lo tenía antes, pero tampoco tiene la prohibición de hacerlo. Es decir, si el Ajuntament así lo dispone puede legalmente ceder una vivienda de propiedad municipal al secretario municipal». Con esta afirmación, el asesor jurídico concluye que la cesión es legal.