El Ajuntament d'Escorca recibirá en 2019 una subvención del Consell de Mallorca de 200.000 euros. Se trata de una subvención «nominal», es decir, específicamente para Escorca y para ningún otro municipio, concedida ‘a dedo'.
El conseller insular de Desenvolupament Local, Joan Font, explicó que la ayuda se justifica en la «singularidad» del municipio: por su gran extensión, con prácticamente la totalidad de su suelo protegido; por tener solo alrededor de 250 habitantes empadronados y, al mismo tiempo, recibir a miles de turistas al año que generan un gasto extra a las arcas consistoriales y, sobre todo, para paliar el gasto extraordinario derivado del servicio de recogida de basura (el camión debe hacer un centenar de kilómetros, desde Lluc a Tuent y luego hasta sa Pobla, para recoger los residuos de unos pocos vecinos).
Escorca había reclamado históricamente un trato diferente justificándose en estos argumentos –unas razones similares a las que exponía Campos para pedir compensaciones. Antoni Solivellas, el alcalde, dio por buenos los motivos aducidos por el Consell (el déficit que les causa el recibir un millón de visitantes al año) para otorgarles los 200.000 euros pero añadió otro: que con esta ayuda la institución insular busca evitar que el Ajuntament d'Escorca se ahogue financieramente a raíz del litigio judicial que ambas instituciones mantienen por el pago de unas ayudas concedidas en 2016 y que el Consell todavía no le ha abonado.
Con las ayudas de 2016, Escorca hizo cuatro obras. El Consell defiende que solo una de ellas es legal, que una segunda es legalizable y que la tercera y la cuarta son ilegales e ilegalizables. Estas obras están ya hechas y pagadas íntegramente por el Ajuntament, pero el Consell, al considerar que son actuaciones ilícitas, congeló los pagos. Los 200.000 euros extra deberían evitar que las finanzas municipales se vean comprometidas.
Investigación judicial
Las obras consideradas ilegales (explicadas más abajo) afectan a varios espacios protegidos de la Serra de Tramuntana y son objeto de una investigación judicial. Al detectar que las ayudas se habían invertido de forma supuestamente irregular, los servicios jurídicos del Consell estimaron que se debía enviar el expediente a Fiscalía para que determinara si se había cometido algún delito. Al parecer, Fiscalía ha trasladado la investigación a un juzgado de instrucción. No obstante, Antoni Solivellas asegura que el Ajuntament no ha recibido ningún requerimiento, ni de Fiscalía ni del magistrado instructor.
Según Solivellas, si Escorca va a recibir 200.000 euros extraordinarios en 2019 es gracias al president Miquel Ensenyat. «Lo agradezco al señor Ensenyat; no al señor Font, que es el responsable de que este problema haya llegado a este punto. Como no sabía como salir del pastel que él mismo ha generado, [Joan Font] lo envió al juez. Pero insisto, quiero agradecer este gesto que el president del Consell de Mallorca ha tenido con Escorca».