El Consell de Govern ha encargado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma solicitar una autorización judicial para exhumar los restos de una persona sepultada recientemente en el cementerio de Porreres después de que fuera enterrada en una capilla precintada por el Govern.
Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Pilar Costa, en rueda de prensa, esta medida es «necesaria» para permitir «la continuidad» de los trabajos de localización y exhumación de fosas en cumplimiento de la Ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
La intervención en la fosa de Porreres, en su segunda fase, ya estaba prevista en el Plan de actuaciones de 2018 de la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes.
Así, el 5 de julio de 2018 se dio sepultura a los restos de una persona difunta en una capilla que horas antes había precintado el Govern.
La consellera de Cultura, Participación y Deportes, Fanny Tur, había dictado y comunicado, mediante una resolución de 4 de julio de 2018, una medida cautelar en virtud de la cual se dispuso el precinto inmediato del espacio físico afectado por las actuaciones de desmontaje y posterior edificación del bloque de nichos y capillas del cementerio de Porreres.
Con todo, previamente a ello, la Conselleria había realizado las gestiones oportunas para poner a disposición de la familia otra sepultura alternativa con carácter provisional.
Intervención judicial
De acuerdo con el artículo 15 del Decreto 1/2018, de 27 de abril, que regula el ejercicio de la sanidad mortuoria de Baleares, la exhumación de un cadáver antes de que hayan transcurrido dos años desde la inhumación requiere la intervención judicial, la cual también es necesaria si la exhumación debe realizarse entre los días 1 de junio y 30 de septiembre.