«Tenemos la obligación de velar porque las dos lenguas cooficiales tengan el mismo valor y porque se subvencionen por igual, como recoge la Constitución». La delegada del Gobierno, Maria Salom, justificó este martes con esta escueta frase el contencioso que el Gobierno central ha presentado en los juzgados contra la convocatoria de ayudas para la elaboración en catalán de rótulos, etiquetas, y cartas de restaurantes (entre otros documentos y soportes publicitarios) en los comercios y empresas de Pollença.
Salom confirmó además que el Gobierno también ha recurrido en los juzgados una línea de ayudas similar ofertada por el Ajuntament de Capdepera. No ha sido así en el caso de Llubí, ayuntamiento que también aprobó subvenciones por importe de 500 euros el pasado diciembre y que a día de hoy no ha recibido ninguna comunicación de recurso. El grueso de las partidas que los tres ayuntamientos destina a estas ayudas no alcanza los 7.000 euros. Pollença ha habilitado 5.000 a repartir entre los solicitantes, Capdepera 1.200 y Llubí 500.
Preguntada sobre porqué su departamento actúa precisamente ahora cuando la línea de ayudas pollencina se otorga desde hace veinte años, siempre por unanimidad, la Delegación del Gobierno descarga su responsabilidad en los técnicos: «Los acuerdos municipales los revisan los técnicos de la Delegación».
La crisis amenaza con extenderse a otros municipios, acostumbrados durante décadas a subvencionar los rótulos en catalán en sus comercios, y también al Consell donde la directora insular de Normalització lingüística, Aina Sastre, ultima la convocatoria de una línea de subvenciones para el fomento del uso del catalán en los comercios y empresas por un importe total de 250.000 euros. Se recuperaría así una línea de ayudas suprimida cuando Salom presidía la institución insular. «Es curioso que el Estado va en contra de lo que legalmente está cubierto por el Estatut d'Autonomia y la Constitución», dice Sastre.
El recurso de la Abogacía del Estado contra su línea de subvenciones ha desatado una tormenta en Pollença donde siempre había habido unanimidad al respecto. El portavoz del PP, que en febrero votó a favor de la concesión de las ayudas, reprocha a Salom que haya llevado el caso a los tribunales sin mirar ni siquiera cuál había sido el sentido de su voto en Pollença, aunque no obstante puntualiza que en el pleno advirtió que no le parecía correcto que las ayudas exigieran que las web, por ejemplo fueran «solo en catalán».En Capdepera el alcalde Rafel Fernández (PSOE), se muestra muy sorprendido ante el recurso y asegura que buscarán una solución para seguir con las ayudas. Teme que el Gobierno pueda cargar también contra los concursos literarios que acostumbran a convocar los ayuntamientos.
Totalmente de acuerdo. Ambas lenguas el mismo valor, y derecho a decidir la lengua de la enseñanza.