La Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno y del Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales, ha presentado un recurso contencioso administrativo frente al acuerdo de pleno adoptado por el Ajuntament de Pollença el pasado 22 de febrero en el que se aprobaron las bases reguladoras de las subvenciones a empresas que utilicen el catalán como lengua habitual al considerar que «no se fomenta el catalán como lengua cooficial de la Comunitat Autònoma, sino la eliminación de la otra lengua cooficial, el castellano».
El Gobierno central solicita además la suspensión cautelar del acuerdo municipal, por lo que las ayudas económicas destinadas a los comercios y empresas que durante 2018 rotulen, etiqueten o redacten otro tipo de documentos (etiquetas, cartas de restaurantes...) en catalán están en el aire.
El texto del recurso no tiene desperdicio y denuncia, entre otras cuestiones, el «incumplimiento por parte de un ayuntamiento del sistema legal diseñado por nuestra Constitución». El Ajuntament se opone a las medidas cautelares y está dispuesto a defender en la vía judicial unas ayudas que distintos municipios vienen concediendo con algunas variaciones desde hace décadas y que en su caso se aprobaron por unanimidad hace ya 20 años.
«Después de 20 años es incomprensible la presentación por parte de la Abogacía del Estado de un recurso sobre una cuestión que cuenta con unanimidad social y política y nunca ha dado problemas», dice el alcalde de Pollença, Miquel Àngel March.
March recuerda que el acuerdo impugnado solo «desarrolla el reglamento de movilización lingüística». Y advierte que la partida destinada a estas ayudas es de 5.000 euros, por lo que «Val més sa corda que es bou». Cuantías aparte, el Gobierno central no está dispuesto a pasar por alto lo que considera como un menoscabo de los principios constitucionales. Sostiene que «la doctrina constitucional ha sentado el principio de que la regulación de la cooficialidad lingüística no puede imponer la primacía de una de las lenguas oficiales en relación con la otra, ni suponer una postergación o menoscabo de alguna de ellas», sino que «ha de sujetarse a un patrón de equilibrio o igualdad».
Asegura que las ayudas de Pollença rompen esa equidad al subvencionar la elaboración de material que solamente está en catalán. «En el caso de impresos dirigidos a un público muy heterogéneo se podrá utilizar la versión catalana acompañada de otra lengua, con la condición de que la lengua catalana esté en primer lugar. Ahora bien, el apartado 4.3 se refiere a las cartas de bar y restaurantes, señalando que si la carta se redacta únicamente en catalán el Ajuntament se hará cargo hasta un máximo de 350.000 euros». Cabe señalar que se aprecia un error en esta cifra que no se corresponde con la que figura en la base de la convocatoria, que es de 350.00 euros.
Yo creo que el catalan está más que ayudado. Tal vez ese dinero tendría que ir a gente que realmente lo necesita, no pagar un letrero sea en catalán, euskaldun, armenio o congolés. Cada uno que rotule en la lengua que le dé la gana, como si no quiere rotular. Hemos perdido algo tan sagrado como la libertad. Como si quiero rotular en esperanto.