El Ajuntament de Andratx cifra en aproximadamente unos 500.000 euros el coste de las obras de demolición de los 12 apartamentos construidos de forma ilegal en Cala Llamp. El primer teniente de alcalde de Urbanismo del Consistorio andritxol, Jaume Porsell (PP), confía en poder ejecutar los trabajos de derribo durante el primer trimestre de 2018. Porsell ya ha recibido la autorización judicial que permitirá a los técnicos municipales –en un plazo máximo de dos meses– acceder a las viviendas y concluir el proyecto de demolición, mientras la Administración tiene consignada en sus presupuestos una partida destinada a sufragar las obras.
Tal y como adelantó este lunes Ultima Hora, el Ajuntament de Andratx ya cuenta con autorización judicial para que funcionarios del departamento municipal de Urbanismo puedan acceder a los 12 apartamentos construidos de forma ilegal en Cala Llamp y puedan concluir la redacción del proyecto de demolición.
En un auto con fecha del pasado martes cuatro de octubre, el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma autoriza al Consistorio a acceder a los mencionados inmuebles y dar cumplimiento a la sentencia firme de septiembre de 2013 que declara nula la licencia urbanística concedida en 2005 por el a la sazón alcalde Eugenio Hidalgo.
Sin embargo, tal y como ha venido publicando Ultima Hora en los últimos meses, durante los tres años que han transcurrido desde el fallo judicial que además ordena el derribo hasta hoy, el Ajuntament se han encontrado con la reiterada negativa de algunos de los propietarios de los apartamentos a permitir a los funcionarios el acceso a sus propiedades. Frente a esta postura de cinco de los ocho propietarios de los 12 inmuebles, Andratx se vio obligado hace dos años a solicitar al juzgado una autorización que aplacase las exigencias de los dueños ‘rebeldes', quienes previamente habían advertido a los responsables municipales de que ningún técnico de Urbanismo franquearía ninguna puerta mientras el Consistorio no aportara copia original de una autorización u orden judicial.
Ahora, con este documento sobre la mesa, el Ajuntament avisará a los propietarios de la fecha de inspección, se hará una refundición del proyecto de demolición ya redactado y se cerrará definitivamente el presupuesto. Posteriormente se licitarán y ejecutarán la obras.