El Govern tiene sobre la mesa la decisión de expropiar la construcción de nichos y dos capillas para proceder a realizar la segunda fase de la apertura de la fosa de la Guerra Civil del cementerio de Porreres. De las 15 familias propietarias 11 de ellas ya han dado su visto bueno. Y cuatro se niegan a dar su consentimiento.
Por ello, y bajo el amparo de la Ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo del Parlament se pueden expropiar los terrenos o edificios. Se trata del artículo nueve de dicha ley, que señala que «en el caso de terrenos de titularidad privada, el Govern solicitará el consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviera este consentimiento, el Govern podrá autorizar la ocupación temporal, siempre después de la audiencia a los titulares de derechos afectados, teniendo en cuenta sus alegaciones y fijando la correspondiente indemnización a cargo de los ocupantes».