Un grupo de activistas antipeaje se ha desplazado este viernes hasta las inmediaciones del túnel de Sóller para pedir al Consell que siga adelante con el rescate de la infraestructura independientemente del coste económico.
Así lo ha expresado un portavoz de los activistas, Marc Carriquí, después del acto celebrado ante el túnel, coincidiendo con el día en que se debían levantar las barreras y debía comenzar a ser gratuito según las previsiones originales del Consell.
Los activistas, que han estado acompañados de los alcaldes de Sóller y Bunyola, Jaume Servera y Andreu Bujosa, han desplegado una pancarta sobre la galería del túnel reclamando la gratuidad del peaje.
El grupo de activistas ha instado al Consell a defender el rescate utilizando «todas las herramientas a su alcance, sea cual sea la cantidad». Mientras que la institución insular cifró el rescate en 17,4 millones, la concesionaria, Globalvía, reclama 31.
Sin embargo, desde el grupo de activistas consideran que el rescate «es una necesidad» y recuerdan que «nadie cuestionó la cantidad cuando se hizo la autopista de Inca, el desdoblamiento de Manacor» o ahora el desdoblamiento Llucmajor-Campos.
Asimismo, Carriquí ha denunciado que la concesionaria «tiene sus intereses económicos por delante del servicio al ciudadano». Los activistas creen que Globalvía pudo haber recurrido el importe del rescate sin solicitar la medida cautelar de la suspensión, de forma que no se continuara cobrando el peaje a partir del 1 de septiembre.
«Si el problema es que quiere una cantidad mayor, que vaya a que un juez decida la cantidad justa; mientras tanto, que no siga creando un perjuicio a los ciudadanos», ha protestado el portavoz de los antipeaje.
Finalmente, Carriquí ha lamentado «que no haya unidad política» en el Parlament y en el Consell respecto a esta cuestión y ha acusado de «demagogia» al presidente del PP balear, Biel Company, por sus declaraciones este jueves sobre el túnel de Sóller.
Por su parte, los alcaldes de Sóller y Bunyola han explicado que están en contacto con el Consell de Mallorca y han lamentado que el proceso judicial provocará que se alargue la situación.