Los funcionarios del Ajuntament de Pollença se niegan (legalmente) a instruir los expedientes de infracción urbanística, informó el propio Consistorio ayer en una nota. Entonces, provisionalmente, asumirá la tarea su regidor responsable, Bartomeu Cifre Bennàssar.
En los últimos años, la instrucción –es decir, la dirección de la investigación administrativa– de los expedientes de infracción urbanística había recaído en un funcionario, pero la investigación que Fiscalía está llevando a cabo y la litigiosidad judicial que los acompaña ha causado que actualmente «ningún funcionario esté dispuesto» a realizar esta tarea, una tarea que por otro lado «ninguno de ellos tiene la obligación de ejercer, que es conflictiva y que no supone aumento alguno de la retribución, a pesar de la mayor responsabilidad que conlleva».
Por este motivo, añade el Ajuntament, y «para que la tramitación de expedientes no permanezca parada, provisionalmente asumirá la función de instructor el regidor de Urbanisme, hasta que en un futuro se pueda crear una plaza de personal específica para hacer la tarea de instructor».
En este nuevo contexto, «los expedientes se seguirán tramitando, como hasta la fecha, con el máximo rigor, sin injerencia política en la tramitación de los expedientes, con los informes técnicos correspondientes y con un funcionario administrativo haciendo de secretario», asegura el Consistorio.
Reactivación
El Ajuntament admite que la reciente recopilación y posterior envío de cientos de expedientes a Fiscalía, en el marco de la investigación judicial abierta, «colapsó» los servicios municipales de Urbanisme. Sin embargo, el Consistorio asegura en la nota que la situación se ha normalizado y que la tramitación se ha reactivado.