El Consell de Mallorca aprobó en 1998 la primera moratoria urbanística de la historia de la Isla y, 20 años después, acaba de pagar 4,3 millones de euros por haber impedido la construcción de un complejo turístico en sa Vinyola (Campos), una de las zonas afectadas por aquella suspensión de licencias.
Los propietarios, la empresa Zarpimi, habían presentado una reclamación por valor de 162 millones de euros, pero los tribunales han resuelto que se deben pagar 2,9 millones, a los que se suman 1,3 millones más en concepto de intereses.
El pago de esos 4,3 millones se formalizó el pasado día 12 y sin que la institución diera publicidad al acuerdo que supone el cumplimiento de una sentencia de Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB). Esta sentencia puso fin a uno de los litigios urbanísticos más largos y profusos de Mallorca, solo comparable al que acabó con el derribo de los polémicos apartamentos de ses Covetes.