La propiedad de la discoteca BCM reclama al Ajuntament de Calvià 6,1 millones de euros en concepto de los perjuicios derivados de la orden municipal de cierre total de la sala de fiestas, dictada al socaire de una argumentación que BCM Disco Empire SA considera «claramente equivocada y errónea».
La cantidad que BCM demanda al Consistorio presidido por el alcalde Alfonso Rodríguez Badal (PSOE) corresponde a los ingresos por temporada turística (de abril a octubre) que dejarán de contabilizarse si el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo, mientras resuelve el recurso contra la orden de clausura, no concede la suspensión «cautelarísima» de la misma.
Una orden, por otra parte, que BCM, en base a un informe redactado por el catedrático de Derecho Administrativo de la UIB Avel.lí Blasco, considera nula. El documento advierte que la causa se cimienta sobre una presunta infracción urbanística cometida en la instalación del aire acondicionado en 1988. Infracción que habría prescrito entre cuatro y ocho años después de ejecutarse las obras y que, en ningún caso, condicionaría la anulación de la licencia.