Un informe realizado por el catedrático de Derecho Administrativo de la UIB Avel·lí Blasco califica de «claramente equivocada y errónea» la argumentación jurídica central en la que se sustenta el decreto de Alcaldía de 21 de septiembre de 2016 que ordenó la revisión de oficio de la licencia de apertura de la discoteca BCM, concedida en 1989.
Advierte que la causa se sustenta sobre una presunta infracción urbanística cometida en la instalación de los aires acondicionados en 1988, infracción que habría prescrito entre cuatro y ocho años después de ejecutarse las obras (dependiendo de la legislación que se aplique) y que en ningún caso condicionaría la anulación de la licencia. El experto asegura que, en marzo de 2015, un técnico municipal llegó a esta misma conclusión. Pero transcurrido un año cambió de criterio y emitió un informe en sentido contrario, que fue el que sirvió para incoar el procedimiento de revisión de oficio de la licencia de apertura ordenado por el Consistorio. «Este radical cambio de criterio constituye una vulneración del principio jurídico venire potest contra factum propium» (nadie puede ir contra sus propios actos, dice Avel·lí Blasco).
El informe del catedrático es una de las pruebas que aporta la propiedad de BCM en el contencioso que ha interpuesto contra los decretos de Alcaldía que ordenaron la revisión de oficio de la licencia de apertura, y la revocación de la licencia de primera ocupación que concluyeron con en el cierre definitivo de la discoteca el pasado 28 de mayo. Según los plazos legalmente previstos, los tribunales se pronunciarán esta semana sobre el citado recurso judicial.
Cuestionado sobre el caso, el teniende de alcalde y portavoz del Ajuntament de Calvià, Andreu Serra, insistió este lunes en que «existen irregularidades sin resolver relacionadas con los aires acondicionados» e instó a la propiedad a solucionarlas si quiere reabrir BCM. «Es nuestra responsabilidad velar porque se cumpla la normativa urbanística como hacemos con el resto de empresarios», dijo.