La Guardia Civil se llevó este miércoles del Ajuntament de Pollença, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, información sobre cientos de expedientes de infracción urbanística abiertos en el municipio a partir del año 2004.
Investiga presuntas irregularidades en la tramitación de los expedientes a raíz de una denuncia particular que alertó sobre un fraude constante y sistemático que podría alcanzar los 169 millones de euros.
El fiscal Juan Carrau trata de comprobar si se ha producido o no un fraude sistemático en el área municipal de Urbanismo, y si se dejaban caducar o prescribir expedientes de infracción al pago del 20 por ciento de la valoración económica del inmueble.
La Ley estipula que la sanción mínima que se debe imponer en estos casos es de un 50 por ciento. Según la denuncia que obra en poder de Carrau, el Ajuntament cobraba a cuenta un 20 por ciento de la valoración de la obra y no siempre la legalizaba, sino que la dejaba caducar o prescribir en el momento del pago. Advierte que los expedientes que no podían caducar por estar en suelo de máxima protección se guardaban durante años en un cajón.