El fraude en la legalización de infracciones urbanísticas que investiga la Fiscalía en el Ajuntament de Pollença podría alcanzar los 169 millones de euros según la denuncia que alertó a Anticorrupción. Se habría producido durante más de una década.
El Ajuntament ultima la entrega a Anticorrupción de centenares de expedientes de infracción urbanística que le requiere la Fiscalía desde que a finales del año 2016 comenzara a indagar en el asunto.
El fiscal, Juan Carrau, trata de comprobar si se ha producido o no un fraude sistemático en el área municipal de Urbanismo y si se dejaban caducar o prescribir expedientes de infracción al pago del 20 por ciento de la valoración económica del inmueble.
La denuncia habla de un fraude constante y sistemático y de pagos «a cuenta» de las multas por parte de los propietarios. Advierte que se cobraba un 20 por ciento de la valoración de la obra pero no siempre se legalizaba, sino que se dejaba caducar o prescribir el expediente en el momento del pago. Los que no podían caducar por estar en suelo de máxima protección se guardaban durante años en un cajón. Podrían existir casos graves que afectarían a construcciones en Àreas Naturals de Especial Protecció (Anei) donde la ley prohibe el uso de vivienda.
Consultado sobre este asunto el alcalde de Pollença, Miquel Àngel March, confirmó ayer que el Ajuntament ultima el envío de documentación a la Fiscalía. «Se que estamos a punto de completar toda la documentación que en breve será remitida», dijo.
La noticia sobre la apertura de la investigación saltó a la luz a finales del pasado mes de enero cuando el regidor de Urbanismo de Pollença, Bartomeu Cifre Bennàssar, dio cuenta al pleno de que se había producido una ralentización en la concesión de licencias de obra en el municipio porque el personal del área de Urbanismo estaba centrado en reunir la información requerida por Anticorrupción sobre «miles de expedientes».
Cifre Bennàssar explicó entonces que Anticorrupción había pedido al Ajuntament copia de expedientes de infracción, multas, órdenes de demolición y sanciones «desde el año 2004».
Según ha podido saber Ultima Hora el exarquitecto municipal del Ajuntament de Pollença Rafel Balaguer había advertido por escrito en el momento de su jubilación al alcalde de Pollença, Miquel Àngel March, sobre estas y otras presuntas irregularidades.