Un grupo de operarios y una excavadora con martillo trabajan estos días en la demolición de un adosado en ses Olleries, una pedanía de Santa Eugènia. Más allá de la restauración de la legalidad ubanística –hay una sentencia firme que ordena el derribo–, la demolición representa la victoria de los vecinos que han estado diez años litigando en los juzgados para ello.
El Ajuntament de Santa Eugènia, gobernado entonces por UM y Entesa, otorgó en el ejercicio 2003-2007 una licencia a la promotora S'Atalaia de Son Coll para construir ocho adosados en el llogaret de ses Olleries. Pero los vecinos no estaban de acuerdo e impugnaron el permiso. La Justicia les dio la razón y lo anuló parcialmente: estableció que la parcela no disponía de los metros cuadrados suficientes para alojar ocho adosados y sentenció la demolición de uno de ellos (solo cabían siete viviendas).
No obstante, la promotora presentó un proyecto de restauración de la legalidad que pasaba por evitar el derribo del ocatavo adosado ampliando el séptimo sobre el espacio que ocupaba el que debía demolerse. Según el Ajuntament, esta opción se ajusta perfectamente a la legalidad urbanística, pero el juez la descartó y reiteró que se debía derribar el octavo. En caso de que se pidiera licencia para ampliar el séptimo adosado, el Ajuntament la daría.