La llamada ‘operación Termyca', un nuevo caso de corrupción investigado por la Guardia Civil y que este martes se saldó con once detenciones en diferentes municipios de las comunidades de Catalunya y Madrid, hizo saltar las alarmas en Sóller al aparecer el Ajuntament entre los organismos públicos investigados en esta trama. La Fiscalía Anticorrupción coordina esta operación por presuntos delitos de amaño de contratos públicos, malversación, blanqueo de dinero, organización criminal y prevaricación. Sóller es hasta ahora el único municipio mallorquín investigado en esta trama, al que hay que añadir el de Alaior, en Menorca.
Dos agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se personaron este miércoles en el Ajuntament para recabar la información necesaria para la investigación. Los agentes permanecieron cerca de una hora en las dependencias de Secretaría y tanto la secretaria accidental como la interventora atendieron inmediatamente el requerimiento judicial y aportaron todos los expedientes a los agentes.
Desde el Ajuntament se quiso dar un mensaje de «tranquilidad absoluta» ya que la única relación del municipio con el caso es la contratación, en 2014, de una de las empresas investigadas, sin que exista relación «con ninguna otra de las presuntamente implicadas», explicaron la fuentes municipales consultadas.
Se trata de la consultora Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI) que fue contratada en febrero de 2014 para la inspección fiscal de obras. El contrato, aprobado por la Junta de Gobierno local presidida por el entonces alcalde Carlos Simarro (PP), se hizo por un importe de 17.999 euros (un euro menos que el máximo permitido para un contrato menor) y con el objetivo de «inspeccionar obras ya finalizadas y velar para que las cantidades abonadas por el Impuesto de Construcción se correspondan con la actuaciones realizadas», según explicó el Ajuntament.
Se da la circunstancia que este contrato supuso para el Ajuntament de Sóller unos importantes ingresos ya que CGI inspeccionó obras importantes, entre ellas las del lujoso hotel del Port, liquidando finalmente al Ajuntament cerca de 1,5 millones de euros. Según se ha explicado desde el Consistorio, «la empresa CGI intentó más tarde cobrar un 20 por ciento de esta cantidad en concepto de comisión, lo que le fue denegado por la misma Junta de Gobierno local en 2015», todavía durante la legislatura anterior.