El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha ordenado al Ajuntament de Pollença que reclame a dos trabajadores municipales cerca de 20.000 euros que cobraron en 2011 mediante una subida salarial que fue declarada ilegal en 2014.
El sindicato UGT lleva años denunciando la pasividad del Consistorio a la hora de cobrar esta deuda. Aunque tras la sentencia de 2014, que anuló el complemento salarial de 9.699,60 euros anuales a un funcionario y la subida salarial de 9.750,30 euros anuales a un cargo de confianza, el Ajuntament dio marcha atrás en las subidas salariales, nunca ha llegado a reclamar a los beneficiados el salario cobrado de más.
La Federación de Servicios Públicos de UGT no se conformó ante la pasividad del Consistorio y ha continuado batallando en los tribunales. El 2 de mayo de 2016 el TSJB ha emitido una providencia en la que deja claro que no basta con anular la asignación de complemento de productividad y la anulación del aumento de retribuciones sino que el cumplimiento de la sentencia «comporta necesariamente el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas».
UGT desconfía de las intenciones del actual Consistorio una vez transcurrido más de un mes desde la citada comunicación. «El anterior Consistorio no tenía intención de cumplir la sentencia y este ni siquiera ha dado cuenta de la última resolución», dice Guillem Coll (UGT).
El alcalde aseguró este jueves que espera tener constancia de la firmeza de la resolución para elevar un acuerdo al pleno.