El Consell de Mallorca deberá pagar 2,9 millones de euros por impedir la construcción de un complejo turístico en la zona de sa Vinyola, en Campos. Los promotores pedían una indemnización de 162 millones de euros, pero en una sentencia dictada por el TSJIB solo se le reconoce el derecho a cobrar por los gastos realizados, pero no el derecho a percibir dinero por las expectativas de negocio.
El TSJIB pone fin temporal a una polémica promoción que ha sufrido vicisitudes de todo tipo desde que se presentó, por primera vez, en 1990. La empresa Zarpimi presentó ese año un proyecto para construir un complejo con campo de golf añadido.
Este proyecto quedó suspendido en el año 1998 gracias a la primera moratoria que aprobó el Consell de Mallorca, que vino acompañada por una desclasificación posterior de los terrenos para impedir la construcción en esta zona. Sin embargo, varias sentencias terminaron dando la razón a la promotora, por lo que en el año 2004 el conseller de Territori del Consell y la empresa firmaron un convenio por el que se ponía fin al litigio a cambio de que la institución reconociera a Zarpimi derechos urbanísticos en la zona de sa Rápita. La empresa accedió a renunciar a los derechos derivados de la sentencia. A cambio, el Consell incluyó los terrenos en una de las polémicas Áreas de Reconversión del Plan Territorial de Mallorca, concretamente la que derivaba allí los derechos edificatorios de los hoteles Rocamar (Sóller) y Don Pedro (Cala Sant Vicenç, Pollença). Sin embargo, tampoco este convenio llegó a desarrollarse ya que el Consell no solo incumplió el convenio sino que aprobó una modificación del Plan Territorial de Mallorca para eliminar todas las Áreas de Reconversión Territorial, incluida la que afectaba al complejo turístico de sa Vinyola.