El Juzgado de Instrucción número 1 de Inca ha imputado a la exalcaldesa de Alcúdia y actual concejal en la oposición Coloma Terrassa (PP) a raíz de la situación de hostigamiento y acoso a la que habría sometido a una técnica del Ajuntament. Se da la circunstancia de que Terrassa ocupa el puesto número 11 de la lista del PP al Consell de Mallorca, por lo que optaría a entrar en la Institución en caso de que alguno de los diez consellers actuales del partido renunciara en un momento dado a su cargo.
Mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez la ha citado a declarar el próximo 3 de febrero junto a la también regidora 'popular' Maria del Carme García, también imputada. Sobre ellas pesan un presunto delito de prevaricación, acoso laboral y lesiones.
La querella interpuesta por la denunciante y admitida a trámite por el Juzgado relata cómo Terrassa permitió actuar a García, entonces concejala de Sanidad y Bienestar Social y responsable del área en la que trabajaba la afectada, «a su libre albedrío y capricho» de cara a «humillar y vejar lo máximo posible» a la perjudicada mediante continuos ataques y humillaciones tanto a nivel personal como profesional.
La denunciante recrimina que la entonces alcaldesa fue «cooperadora en todo el proceder» de la concejala, «aliada municipal vital», al aceptar la aprobación de un expediente sancionador contra la técnica -posteriormente archivado- «con el único fin de machacarla» o al no activar ninguna medida de prevención de acoso y riesgos laborales. «Se prevalió de su condición decisiva en el Ajuntament» para actuar, añade, «en contubernio con García».
La querella, suscrita por el abogado Francisco José Pérez, alude entre otros hechos a las «calumnias e injurias» a las que García, tras ser erigida concejala en las elecciones de mayo de 2011, presuntamente sometía a la perjudicada, asegurando que cobraba comisiones de empresas, que se apoderaba de alimentos destinados a beneficiarios de ayudas sociales o que era responsable de la pérdida de subvenciones por parte del Ajuntament.
Asimismo, según el documento, la encausada presionaba a la denunciante para que firmase documentos en blanco «en aras a obtener informes favorables a cualquier decisión que se adoptase», además de propagar «rumores e insidias» sobre decisiones de las que la víctima era ajena. Los constantes «ataques», abunda, derivaron así en el «desgaste anímico y físico» de la técnica, que solicitó un cambio de departamento. Sin embargo, la petición le fue rechazada.
Tal era la sensación de «abatimiento, apatía y derrota» que se cernía sobre la afectada, que de forma simultánea al tratamiento terapéutico que comenzó a seguir, la Dirección General de Trabajo activó un expediente por acoso laboral que concluyó que la trabajadora esta sufriendo una «situación de hostigamiento laboral por la regidora Carme García y merma de su salud física y mental».
Así, ante la «clara situación de persecución» de la empleada, ésta fue finalmente trasladada en junio de 2013 a otro departamento municipal, lo que motivó que, al no estar ya bajo las órdenes de García, la alcaldesa procediera a la apertura de un expediente sancionador por la supuesta comisión de 42 faltas «por cuanto estaba siendo presionada por Carme García para que así lo hiciera».
Tal y como relata la querella, el expediente es «un auténtico despropósito, confeccionado con el único fin de machacar» a la técnica, pues «no se comprende, más allá de la maldad e intención de dañar, por qué no fueron puestos en conocimiento en su día ni por qué no sé incoó expediente disciplinario nada más suceder los mismos». El expediente fue finalmente archivado en agosto de 2014 sin sanción alguna.
El abogado de la trabajadora señala finalmente cómo, al no lograr que se la sancionara, García logró convencer a la alcaldesa para que fuera de nuevo trasladada a su anterior departamento, a lo que accedió Terrassa sin haber activado ni puesto en marcha ninguna medida correctora de la situación de acoso que le fueron recomendadas, trasladando así de nuevo a la trabajadora «bajo el imperio del horror y del terror».
La querella apunta que, hasta la incorporación de García como su superiora jerárquica, la denunciante no había sufrido problema alguno en este sentido, y recalca que son varios los informes médicos que diagnostican la situación de ansiedad y estrés laboral de la empleada y que recomendaban «apartar a la querellante de la acosadora».
Otras denuncias
Se da la circunstancia de que tanto Terrassa como García fueron el año pasado denunciadas ante la Fiscalía por presuntamente haber amañado y otorgado diversos contratos sin concurso y con los informes municipales en contra.
La denuncia les atribuye la comisión de un delito de prevaricación, sin perjuicio de que les puedan ser imputados otros como tráfico de influencias o malversación, al haber abonado fondos de forma irregular, entre 2011 y 2014 y «a su libre criterio y voluntad», a las mismas empresas y personas, vulnerando la normativa del sector público, alterando fechas, sin contrato de por medio y con una «pluralidad» de informes en contra.
Tras la denuncia, ambas concurrieron sin embargo como candidatas a la alcaldía de Alcúdia en las elecciones municipales de 2015, Terrassa de nuevo como cabeza de lista del PP y García por Unió per Alcúdia (UperA).
Asimismo, Terrassa fue denunciada por un delito de prevaricación por no haber actuado contra un restaurante, propiedad del teniente de alcalde del municipio, Juan Luis González, también denunciado, por invadir su terraza la fachada de los denunciantes.