Dos candidatas a la alcaldía de Alcúdia en las elecciones de este domingo, la cabeza de lista del PP y actual primera edil, Coloma Terrasa, y la aspirante por Unió per Alcúdia (UperA) y concejal de Bienestar Social, Maria del Carme García, han sido denunciadas este viernes ante la Fiscalía por presuntamente haber amañado y otorgado diversos contratos sin concurso y con los informes municipales en contra.
La denuncia les atribuye la comisión de un delito de prevaricación, sin perjuicio de que les puedan ser imputados otros como tráfico de influencias o malversación, al haber abonado fondos de forma irregular, entre 2011 y 2014 y «a su libre criterio y voluntad», a las mismas empresas y personas, vulnerando la normativa del sector público, alterando fechas, sin contrato de por medio y con una «pluralidad» de informes en contra.
«Ellas son las últimas responsables de la contratación ilegal y torticera de diversas personas así como el pago de diversas facturas con informes todo negativos», incide el denunciante de los hechos en su escrito, que asevera cómo ni Terrasa ni García han justificado la necesidad de los contratos y dictaron en su día resoluciones «cuyo único fin era dotar de apariencia de veracidad y legalidad el expediente administrativo».
Uno de los expedientes a los que alude la denuncia es el que la Concejalía de Bienestar Social licitó el 23 de agosto de 2013 para la contratación de una persona para desarrollar tareas propias de Educador de Medio Abierto por cuatro meses y un importe total de 9.960 euros.
El interventor municipal informó que no se podía licitar como contrato menor mientras que el secretario hizo lo propio al alegar que el objeto del mismo era una necesidad municipal de carácter permanente para la cual debía de convocarse un concurso de méritos a fin de nombrar un funcionario interino. Pese a ello, la Concejalía decidió continuar con el procedimiento.
La denuncia subraya que se desconoce qué criterios se siguieron para decidir a quién contratar, quién los estableció, quién obtuvo el listado de candidatos y tampoco que las invitaciones, cursadas por correo electrónico, fuesen remitidas a tres candidaturas como establece la Ley de Contratos del Sector Público cuando se trata de un contrato menor.
«Tampoco consta que la adjudicataria presentase proyecto a ejecutar», recalca el escrito.
De forma simultánea al anterior expediente la misma Concejalía tramitó la contratación de dos trabajadores sociales alegando el incremento de demanda de los usuarios de este servicio, a lo que la Secretaría del Consistorio apuntó que precisaba de más información mientras que el graduado social municipal señaló que la documentación facilitada era insuficiente puesto que no estaban determinadas las necesidades de la contratación ni el número de efectivos necesarios.
Tras ello, desde intervención se emitió informe desfavorable pese al cual el Ajuntament acabó adjudicando el contrato «merced a la actuación de ambas denunciadas». «Resulta llamativo que en las mismas fechas se tramiten dos procesos administrativos con idéntico fin y que todos los informes sean negativos, excepto, justamente, los emitidos por el propio órgano licitador», añade el denunciante.
Alteraciones
Una vez comenzado el año 2014, relata la denuncia, de nuevo se procedió a abrir convocatoria para cubrir una plaza de educador social mediante contratación externa por el mismo importe y periodo que la primera contratación, pese a que, según el escrito, se modificaron las cifras en la propuesta de contratación para justificar la exclusión de una de las candidatas que se presentaron «pues superaba el importe modificado».
Tal y como recuerda el denunciante, el informe justificativo para la contratación de la educadora carece de fecha, las propuestas económicas carecen de sello de entrada en el registro municipal y se desconoce, entre otros elementos, cómo fueron notificados los interesados y el criterio escogido para seleccionar las candidaturas. Además, el concurso fue resuelto antes de finalizar el plazo de presentación de las mismas.
La denuncia recalca que, como consecuencia de todos estos hechos, «no se puede concluir otra cosa más que se realizaron y ejecutaron los contratos y abono de las facturas por el capricho de las denunciadas, quienes obviaron todo trámite y actuaron cual empresa privada», sin que exista marco jurídico alguno que «avale lo sucedido pues los actos administrativos se alejaron del interés general al que todo acto de la Administración está sometido».
Alcaldesa
Si bien alegó que desconocía los detalles de la denuncia, la alcaldesa reconoció que se ha podido contratar algún empleado con los informes técnico administrativos en contra, pero que si se hizo fue porque así lo aconsejaba la urgencia y la necesidad de prestar el servicio. En estos casos, añadió, se hizo con informes de la regidora o la coordinadora de Servicios Sociales justificando la necesidad. «En 2011 la crisis era muy fuerte. La necesidad hacía imprescindible la contratación», alegó.
Esper que pel be del poble aquesta gent se,n vagi ben enfora. No importa insultar ni res parescut, això seria molt ordinari, però està molt be poder dir des d,aquí, basta. Arruix. Votau a qui volgueu, dona igual, Ningú pot fer ses coses tan malament i amb tanta mala llet com aquesta guarda. Que se,n vagin a vendre pastorets, a donar clase (pobres nins) o a posar cafés invaint faÇanes, pero que no dirigesquin cap euro nostro pus mai mes. Mirau si es fort s,asunto que pots triar qualsevol cosa antes que això. Anau a votar senyors. Bon dia.