La Fiscalía ha pedido este martes una condena de multa de 1.620 € para cada uno de los cuatro acusados de un delito de desobediencia por las protestas ocurridas en Bunyola el 28 de mayo de 2012 al paso de un convoy con el entonces presidente, José Ramón Bauzá, y la defensa ha solicitado la absolución por considerar el juicio fruto de la «persecución ideológica y política».
El fiscal Miguel Ángel Anadón ha rebajado la pena que pedía inicialmente de 1 año de prisión a 9 meses de multa a razón de 6 euros diarios y ha retirado la acusación por una falta de lesiones contra uno de los acusados que mordió a un guardia civil, porque el propio agente no ha denunciado los hechos.
Ha mantenido la acusación por desobediencia grave porque cree que los jóvenes cortaron la carretera para impedir el paso de la Guardia Civil que acompañaba a Bauzá hacia un acto político, hicieron caso omiso a las indicaciones de los agentes de dejar la vía expedita y se resistieron a las detenciones en una situación que ha calificado de «república bananera» contraria al Estado de Derecho.
El abogado defensor, Josep de Luis, ha pedido la absolución ya que considera que el proceso es fruto de una persecución política y que las detenciones se practicaron porque así lo anunció el delegado del Gobierno cuatro días antes, cuando dijo que la tolerancia a las protestas se agotaba, y dado que los cuatro acusados se ajustaban «al perfil que buscaban».
En el turno de última palabra, uno de los acusados ha descrito el caso como un «juicio político», otro ha dicho que son «cabezas de turco» de la mano dura que quería aplicar contra las protestas el Govern del PP de entonces y otra chica ha dicho sentirse «estafada» y víctima de «un montaje político».
El cuarto acusado ha destacado que el teniente que ordenó las detenciones los conoce a todos porque es de la misma localidad.
Durante su declaración, los cuatro acusados, que no han respondido a las preguntas del fiscal, han coincidido en relatar que ese día la manifestación más importante, con unas 400 o 500 personas, se produjo en la plaza de la iglesia de Bunyola, y no en el lugar donde posteriormente fueron detenidos, junto a la estación.
En cuanto a ese segundo episodio en la carretera, han señalado que había un grupo de niños y chavales sentados en el suelo, que ellos se situaron detrás, y que cuando la Guardia Civil les conminó a abandonar el lugar no se fueron porque tenían «escapatoria» más que por un lado donde había un talud profundo.
«Estábamos rodeados de guardias civiles y donde no había guardias civiles había un talud de 5 metros», ha declarado uno de los acusados. «Nos encontramos acorralados», ha dicho otra.
Los guardias civiles que intervinieron han contado que en la plaza de la iglesia tuvieron frenar y continuar el avance a paso de peatón porque la gente les dificultaba el paso y que al llegar junto a la estación pararon porque un grupo de manifestantes cortó el tráfico.
El teniente que instruyó el caso ha detallado que pidió varias veces a los que consideró que dirigían a los manifestantes que dejarán libre la vía porque estaban cometiendo un delito de desobediencia grave y que se retiraran, ante lo cual recibió burlas e insultos.
Posteriormente los agentes cogieron del brazo a varios de ellos para sacarlos de la carretera y ante la resistencia que ofrecieron «con pataleos» e intentos de zafarse, los detuvieron.
«No había ningún tipo de instrucción política de detener a nadie ni a esta gente», ha afirmado el teniente en respuesta al defensor de los acusados.
Durante la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 1 de Palma, ha habido numerosas contradicciones entre los testimonios de los guardias civiles y los de varias personas que participaron en las protestas.
Si bien los agentes han dicho que la carretera estaba cortada y no se podía circular, los otros testigos han explicado que los manifestantes dificultaban el paso por uno de los carriles, donde se detuvo el convoy de la Guardia Civil, pero por el otro discurría el tráfico hasta que llegó otro vehículo del instituto armado en sentido contrario y se detuvo en mitad de dicha calzada.
Los guardias civiles han dicho que los cuatro acusados dirigieron la protesta, mientras algunos de los manifestantes han declarado que la gente «iba por libre». Uno de los guardias ha asegurado que los acusados «incitaban a los menores presentes a que no abandonaran la zona».
También han discrepado en que, según los agentes, pidieron reiteradamente a los que cuatro acusados que se retirasen, mientras varias personas que participaron en la protesta han negado que oyeran ninguna advertencia antes de las detenciones.
Medio centenar de personas ha aplaudido a los acusados a su llegada a los juzgados y les han animado con vítores y una pancarta con el mensaje «la solidaridad es nuestra mejor arma». Posteriormente han llenado la sala de vistas. El juicio ha quedado visto para sentencia.