La condena por prevaricación contra el exalcalde de Lloseta Bernat Coll y tres exconcejales, Marta Alemany, Pere Joan Martorell y Juan Coll, ya es firme. La Audiencia Provincial ha confirmado los 28 años de inhabilitación para ocupar un cargo público municipal que ya impuso un juzgado de Palma por toda una serie de decisiones tomadas con informes negativos del secretario y el interventor municipal. «Las propias manifestaciones de los apelantes evidencia que se arrogaron una posición que los situaba por encima de la legalidad vigente», mantiene la Audiencia.
Los cuatro condenados acudieron a la Audiencia donde esgrimieron un argumento similar al del juicio: que todo lo que cometieron fueron irregularidades administrativas que no suponían un «ataque grosero» a los intereses generales. Es decir, que aunque las decisiones no fueran legales, podían arreglarse por otras vías. Para los magistrados de la Sección Segunda resulta evidente que se trató de un comportamiento «consciente y deliberado» que desoyó las «previas advertencias de los técnicos y personas cualificadas para controlar la legalidad».
Otro de los argumentos de la defensa atacaba el papel del Partido Popular como acusación popular en el juicio. La Sala recuerda que la Fiscalía también actuó contra los acusados.
Los cuatro antiguos cargos municipales socialistas fueron condenados por cuatro delitos diferentes de prevaricación. Las irregularidades se referían a la contratación de la empresa que gestionaba el teatro municipal, a la adjudicación de unos terrenos a una constructora a cambio de varias obras y a dos licencias urbanísticas.