La desclasificación de la urbanización de Cala Carbó en Pollença tendrá un coste millonario pese a que el Supremo sentenció recientemente que no procede indemnizar a los propietarios por sus expectativas generadas de urbanización sino únicamente por los gastos derivados de los proyectos técnicos realizados, las obras acometidas, la financiación y las gestiones realizadas para completar la frustrada urbanización.
Cuatro de los propietarios que llevaron al Govern ante los tribunales por la desclasificación de Cala Carbó en 2008 no están afectados por esta sentencia, de manera que serán compensados por sus expectativas frustradas de urbanización con una suma global de 1.243.687,42 euros. Se trata de los cuatro propietarios a quienes correspondían, en virtud de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de 2013, indemnizaciones inferiores a 600.000 euros.
Se da así la paradoja de que los propietarios de porciones de terreno menores (todos ellos particulares) serán los que más cobren en concepto de daños y perjuicios mientras que las grandes propietarias (en su mayoría promotoras urbanísticas) solo podrán ser compensadas por los gastos derivados de los intentos de urbanización.
Será durante la fase de ejecución de la sentencia cuando se determine el cómputo global de las indemnizaciones. La sucesión de autos judiciales desde que se iniciara la batalla legal en 2008, hace que hoy por hoy sea muy complicado calcular un coste global e incluso determinar la cuantía de las indemnizaciones que se hayan podido avanzar.
Se sabe que, tras el fallo del TSJB en 2013 que condenó al Govern a pagar más de 22 millones de euros, buena parte de los propietarios pidió la ejecución provisional de la sentencia a la espera de que el Supremo resolviera los recursos pendientes, por lo que algunos de ellos podrían haber cobrado ya parte de las indemnizaciones que ahora deberían devolver.