Los consistorios de Mallorca ven con buenos ojos la apertura de las fosas comunes registradas en sus municipios siempre y cuando los trabajos de exhumación no recaigan económicamente sobre las mermadas arcas municipales.
Algaida, Alaró, Calvià, Llucmajor, Montuïri, Porreres, Santa Maria, Sencelles, Son Servera o Manacor son algunos de los municipios que dan sepultura, ya sea en fosas comunes en los cementerios o en otros sitios, a cientos de desaparecidos, personas que fueron ejecutadas por defender la República. En total y gracias al trabajo de los voluntarios de Memòria de Mallorca, conocemos la existencia de 47 fosas en las que identificadas hay 1.162 víctimas.
El anuncio del Govern de que la nueva ley obligará a los ayuntamientos a facilitar la exhumación en las zonas ya localizadas ha provocado reacciones. Natalia Troya (PSOE) de Son Servera han señalado que «por ideología apostamos por la exhumación, aunque la situación de las arcas municipales no nos ayuda. Por ello creo que la nueva ley debe estar avalada económicamente». En el mismo sentido se expresa la alcaldesa de Porreres, Xisca Mora (PI): «La ley esta muy bien, pero es la financiación es lo que nos preocupa. Y en el caso de Porreres, con más de 100 personas, estamos hablando de unos gastos muy importantes». (En referencia a la fosa común de Porreres hemos podido saber que ya se están iniciando los trabajos previos para acometer las catas y trabajos de exhumación).