El PP de Valldemossa ha denunciado este jueves que la «mala gestión del gobierno tripartito» durante la dos últimas legislaturas en lo relativo a L'Hort de Cartoixa costará a los ciudadanos del municipio 2,2 millones de euros.
La candidata del PP a la Alcaldía de Valldemossa, Noelle Estarás, ha explicado que el problema comienza cuando en 1985 se produce el primer cambio de clasificación de los terrenos, pasando de urbano a rústico. Entre ese año y 2007 se mantienen negociaciones entre la propiedad y el Ajuntament, «con una relación cordial».
Según Estarás, una vez que entra a gobernar el tripartito «se rompe esa buena relación entre el Ajuntament y la propiedad, existente hasta la fecha, y este último decide presentar escrito de advertencia a la administración sobre su propósito de iniciar el expediente del justiprecio».
Ante esto, según ha dicho la candidata, el Ajuntament contaba con dos años para iniciar alguna actuación, pero pasado este tiempo y por silencio administrativo, se le otorga a la propiedad el derecho a presentar la correspondiente Hoja de apremio y al Consistorio tres meses para responder.
Transcurrido el periodo y de nuevo por silencio administrativo la propiedad puede dirigirse al jurado provincial para el inicio de expediente de expropiación. Como consecuencia de la «inactividad» del Consistorio «en ninguna de las ocasiones en las que tuvieron oportunidad», la propiedad inicia el proceso judicial.
Ajuntament
El Consistorio ha informado que desde 2007 el Ajuntament ha trabajado en la vía legal «para fundamentar correctamente las diversas acciones legales realizadas y especialmente el recurso contencioso administrativo planteado».
Indican que el equipo de gobierno, desde 2012 ha trabajado para disponer de un fondo económico para afrontar «con mejores condiciones los pagos que vendrán. Hay una partida presupuestaría acumulada de 552.000,00 euros y de remanente de tesorería disponible suficiente para hacer frente al calendario de pagos que se fijará».
Además, el equipo de gobierno «consciente de las dificultades que tiene la vía de la negociación de derechos constructivos en una zona verde, con el marco urbanístico y legal actual y que esta parcela puede estar afectada por medidas de protección patrimonial por la proximidad a Cartuja, que reducirían todavía más las posibilidades constructivas, ha solicitado al Consell de Mallorca en dos ocasiones un posicionamiento al respecto de forma que tanto la propiedad como el ayuntamiento sepan cuáles son las opciones reales».
Desde el Ajuntament se expone que «somos conscientes de los derechos que tiene la propiedad y queremos explorar con ella todas las vías de resolver el problema. La sentencia nos situará en un escenario económico muy preciso. No disponer de un dictamen del Consell de las opciones que se podrían desarrollar en esta parcela limita las opciones de estudiar seriamente una vía de compensación con derechos constructivos».