La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Inca, Olga María Vicario, acordó este lunes el sobreseimiento y archivo de las diligencias previas abiertas a petición de la Fiscalía contra el alcalde de Selva, Joan Rotger, por un presunto delito de desobediencia.
Rotger, candidato del PP al Ajuntament y número diez en la lista del Consell, había defendido hasta ahora que cumplía el código ético del PP porque la Fiscalía ya había informado a favor de su desimputación, pero faltaba que la juez archivara definitivamente la causa.
En pleno debate sobre la aplicación del código ético que ha llevado a los alcaldes de Vilafranca, Alaró y Pollença a formar agrupaciones electorales al margen del PP, la alcaldesa de Deià, Magdalena López, anunció también este lunes que formará una agrupación de electores ante el temor de una imputación inminente.
En el caso que afecta al alcalde de Selva y vicepresidente del Consell de Mallorca, Joan Rotger, las actuaciones judiciales se iniciaron en agosto de 2014 a raíz de una denuncia del Ministerio Fiscal, que sospechaba que podría haberse producido un delito de desobediencia por el incumplimiento de una sentencia judicial que ordenaba el restablecimiento de la legalidad urbanística tras la anulación de una licencia municipal dada en suelo rústico en el año 2000. La jueza concluye que no ha existido «voluntad reiterada, frontal y obstativa de incumplimiento de dicha resolución judicial» ni tampoco una «pasividad evidente y reiterada» como para apreciar que ha habido un delito de desobediencia.
Deià
Muy diferente es el caso de Magdalena López Vallespir (PP), alcaldesa de Deià y hasta ahora candidata del partido. Aunque remarcó que «no ha sido imputada», este lunes anunció que debido a una denuncia presentada por la oposición (Agrupació DEIA) contra ella y contra su antecesor en el cargo Jaume Crespí (PP) por presunta prevaricación administrativa, «de acuerdo con la dirección del partido y de la junta local, hemos decidido crear una agrupación de electores con los mismos componentes de la candidatura ya presentada». Según López, la denuncia «llegó al Ajuntament el pasado miércoles, aunque fue sellada en el juzgado el pasado 25 de marzo y está relacionada con dos contrataciones laborales realizadas por el Ajuntament en los años 2011 –cuando el alcalde era Crespí– y 2014».