Leopoldo de Miguel, el abogado que constituyó en julio de 1997 la Asociación Administrativa de Cooperación del Vilà, reclama al Ajuntament de Pollença una indemnización de 600.000 euros para 98 propietarios de la urbanización, al entender que el Consistorio es el responsable de que la urbanización no se desarrollara dentro de plazo, pese a que existía un plan especial y un proyecto de urbanización aprobados desde 1983.
El recurso presentado por Leopoldo de Miquel ante el Tribunal Supremo el 5 de junio de 2014 ya ha sido admitido a trámite y el Ajuntament de Pollença acordó en el último pleno ordinario nombrar al procurador que le defenderá en esta causa. El Tribunal Superior de Justicia entendía que De Miguel no tenía personalidad en la causa para poder cursar la reclamación pero el abogado considera que tiene un «deber profesional» por lo que ha recurrido al Supremo.
Sentencia
La reclamación de De Miguel se basa en la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Balears emitió en 2012 contra la desclasificación de la zona alta de la urbanización del Vilà aprobada por el Govern balear en 2008. Aquella sentencia condenaba a la Comunitat Autónoma a indemnizar a un propietario con 1.600.006 euros en concepto de daños y perjuicios al entender que la desclasificación aprobada por el Govern le ocasionaba un perjuicio patrimonial. Aunque la obligación de indemnizar recaía en el Govern balear (la sentencia ha sido recurrida) el juez responsabilizaba en su argumentación al Ajuntament de Pollença por no haber desarrollado dentro de plazo la citada urbanización.
Así, a la sentencia del TSJB le siguieron tres pleitos presentados por propietarios de la urbanización contra el Consistorio.
El primer plan parcial y el proyecto de urbanización del Vilà datan de 1983 pero no llegaron a ser ejecutados al verse afectados por diferentes cambios de la normativa. A partir de 1998 era el propio Ajuntament el que debía desarrollar la urbanización al pasar el sistema de compensación a cooperación pero tampoco lo hizo y la desclasificación parcial de terrenos aprobada por el Govern balear en 2008 cerró nuevamente la posibilidad de urbanizar.