Construir en suelo rústico pasa factura, no solo medioambientalmente sino también desde el punto de vista económico. Los urbanizables previstos en el año 1991 en el Plan General de Ordenación Urbana de Pollença (PGOU) que tenían que servir para obtener los fondos para expropiar toda una serie de fincas calificadas como zonas verdes no se llegaron a desarrollar y el Ajuntament, veinte años después, sigue pagando un precio muy caro.
Año tras año se suceden las sentencias a favor de los propietarios de aquellas zonas verdes que no se llegaron a expropiar y que obligan al Consistorio a pagar un precio justo por los terrenos.
El pleno del Ajuntament aprobó inicialmente el lunes por la noche con los votos a favor del PP y el Pi, el voto en contra de Alternativa y la abstención del resto de grupos (PSOE, PSM, UMP y Esquerra) la adaptación del PGOU al Plan Territorial de Mallorca que reduce en un 60 por ciento el crecimiento previsto en el planeamiento actual principalmente como consecuencia de las declasificaciones aprobadas la legislatura pasada por el Govern en el Vilà, Cala Carbó y Can Botana.
Debate
La lectura que realizan Alternativa y el PSM sobre la situación abre un debate que siempre ha estado latente en Pollença. «La construcción en suelo rústico es la causa principal de que no se hayan urbanizado los urbanizables que había junto a la carretera de Pollença a pesar de todo lo que se ha construido en los últimos años. Hacer una adaptación de la normativa obviando y escondiendo este tema es una gran mentira que nos llevará a repetir los mismos errores de hace veinticuatro años», dice el portavoz del grupo municipal de Alternativa, Pepe García. «El flujo de inversiones hacia el suelo rústico ha provocado impactos sobre el territorio a veces negativos, pero también ha supuesto que las inversiones que en otras circunstancias se hubieran destinado a desarrollar los urbanizables no se hayan producido. Ha sido mucho más barato y rentable edificar chalets, ya fueran legales o ilegales, que no han supuesto ningún gasto fuera de la propia obra, que no urbanizar calles, hacer alcantarillados, ceder terrenos y hacer compensaciones», dice el portavoz del PSM, Bartomeu Cifre.
La construcción del rústico no se ha frenado y ambos grupos advierten de que el Ajuntament rebaja ahora de 50.000 a 14.000 metros cuadrados la parcela mínima necesaria para construir en las zonas agrícolas extensivas, las más próximas a la montaña. El Ajuntament justifica la decisión como compensación del incremento de la parcela mínima de 14.000 a 21.000 metros cuadrados en las zonas limítrofes con Alcúdia. Habrá que esperar el veredicto del Consell.