El alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavía (PP) recurrió ayer formalmente la multa de 100 euros diarios que le ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia por no derribar una vivienda que una particular construyó con licencia en 1991. El Supremo dio la razón a un vecino próximo a la vivienda que denunció que el edificio le tapaba las vistas y ordenó la demolición de la primera planta.
El alcalde, Bartomeu Cifre Ochogavía, advirtió ayer de que las obras molestas (entre las que se incluyen los trabajos de demolición) están prohibidas en la zona peatonal de Pollença entre el 1 de mayo y el 30 de octubre, coincidiendo con la temporada alta turística, por lo que ejecutar ahora el derribo que le exige el juez en la calle Creus, iría contra la normativa municipal. No alude sin embargo a esta cuestión en el recurso presentado ante el juez por el Ajuntament de Pollença que se centra en demostrar que no ha habido «pasividad» a la hora de ejecutar la sentencia dado que «el Ajuntament ya ha decretado la tramitación urgente del procedimiento de contratación de las obras de demolición de la vivienda» y ha dotado la pertinente partida presupuestaria para hacer frente al coste de las obras de demolición».
Desproporción
El recurso de reposición y subsidiario de súplica muestra también su disconformidad con el importe de la sanción notificada al alcalde al entender que es «desproporcionada» porque puede llegar a suponer un total de 3.000 euros mensuales. El alcalde tiene un salario bruto anual de 40.805,24 euros, incluidas las pagas extras, lo que supone una retribución mensual proporcional (12 meses) de 3.400,43 euros.