Las consecuencias derivadas de las irregularidades político-urbanísticas cometidas en el pasado en el Ajuntament d'Andratx, empiezan a poner en serios aprietos a los actuales gestores municipales.
Las recientes órdenes de demolición, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), de varias promociones urbanísticas ejecutadas legislaturas atrás al margen de la ley, obligan ahora al Ajuntament d'Andratx a pedir ayuda al Consell y al Govern para poder hacer frente a los gastos que se deriven, no solo de estos derribos, sino, principalmente, de las indemnizaciones que tengan que satisfacerse.
Responsabilidad
Desde el Consistorio andritxol advierten de que, si bien ahora se ha ordenado la ejecución de las sentencias que afectan a la demolición de varios bloques de apartamentos a medio construir en Monport y a un edificio, habitado desde hace décadas, en la avenida Lluís Alemany de Andratx, el Ajuntament acumula una veintena más de casos similares, a los que, tarde o temprano, deberá hacer frente. Con el objeto de «estar preparados» para cuando llegue el momento de afrontar más demoliciones y responder a las subsiguientes responsabilidades patrimoniales, el Consistorio presidido por el alcalde Llorenç Suau (PP) ha iniciado ya contactos con el Consell de Mallorca y el Govern balear para que, igual que ocurriera con los 68 apartamentos ilegales construidos en ses Covetes, ambas instituciones contribuyan a sufragar, técnica y económicamente, la demolición de estas promociones inmobiliarias levantadas al amparo de licencias urbanísticas concedidas de manera irregular. «Todo un mogollón urbanístico», advierten desde el actual equipo de gobierno, «del que el Consistorio es un claro perjudicado».
Incógnita
Si bien el Govern respondió positivamente a las peticiones del alcalde de Campos en el caso de ses Covetes, el Ejecutivo autonómico no ha actuado de igual forma con el de Sencelles, respecto a la demolición de unas construcciones en Ruberts. Qué hará ahora en Andratx es, de momento, una incógnita.