Propietarios de la urbanización del Vilar han presentado un nuevo contencioso (y ya van tres) contra el Ajuntament de Pollença a quien le reclaman daños y perjuicios tras la desclasificación parcial de la urbanización aprobada por el Govern de les Illes Balears en 2008. El Ajuntament aprobó en el último pleno municipal el pasado martes el nombramiento del procurador que les representará en esta causa.
Hasta ahora ha habido una única sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que determinó que correspondía a la Comunidad Autónoma y no al Ajuntament indemnizar a los propietarios si bien en el grueso de la sentencia el juez responsabilizó al Ajuntament de no haber desarrollado dentro de plazo la citada urbanización cuyo plan especial y proyecto de urbanización datan de 1983.
Indemnización
Tras conocerse la sentencia, que condena a la Comunidad Autónoma a indemnizar con 1.600.006 euros a un propietario de la urbanización dos propietarios más han presentado también sendas reclamaciones contra el Consistorio.
La sentencia del TSJB fue recurrida el pasado diciembre y aún quedan pendientes de resolución cuatro expedientes más de propietarios del Vilar que reclaman al Govern 16.035.850 euros de indemnización. La urbanización del Vilar dispone de un plan parcial y proyecto de urbanización aprobados en 1983 si bien desde entonces se han aplicado distintos cambios en la normativa urbanística municipal que han retrasado la ejecución de la urbanización.
Desde 1999 era el propio Ajuntament quien asumía la responsabilidad de desarrollar la zona al pasar del sistema de compensación al de cooperación pero tampoco llegó a ejecutar la urbanización. Desde 2008 la urbanización está paralizada por la desclasificación parcial de terrenos aprobada por el Govern que, aunque se refiere únicamente a la parte alta de la montaña, imposibilita de hecho desarrollar el resto de la urbanización ya que el Govern incluyó entre los terrenos protegidos una zona verde que los propietarios necesitan computar para reunir los parámetros urbanísticos necesarios.
Desde entonces el Ajuntament ha venido denunciando lo que considera como una «desclasificación encubierta» y reclama una solución alternativa al Govern que permita desbloquear las obras.