La polémica vuelve al centre social Can Real de Petra y se abre una nueva brecha entre las dos asociaciones de la tercera edad. La Conselleria de Salut del Govern balear, ayer, hacía efectivo el despido de las cuatro trabajadoras de este centro dedicado a la prevención de la dependencia, con unos 125 usuarios, y cedía la gestión a una de las dos asociaciones del municipio «afín al Partido Popular». Así lo denunciaban los afectados por el cierre de este servicio dedicado a promocionar la autonomía personal.
A partir de ahora el centro se dedicará a otro tipo de actividades y será gestionado por la Associació de Persones Majors de Petra' presidida por Antoni Mercadal. La otra asociación es Verge de Bonany, presidida por Maria Roser.
Hasta ayer la gestión de este centro era llevada a cabo por la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència del Govern balear a través de un convenio. Trabajaban cuatro personas, una de ellas a tiempo parcial. Ayer recogían sus pertenencias entre lágrimas e impotencia. Según explicaron a este periódico «el viernes nos convocaron a una reunión para este lunes y nos dijeron que no hacía falta que el martes fuéramos a trabajar. Nos han dicho que para ahorrar nos rescinden el contracto y ceden la gestión a una de las asociaciones de la tercera edad».
Y los comentarios se sucedían. Iban llegando al centro diferentes personas para asistir a los talleres y se encontraban con las puertas cerradas. «Por un capricho político el pueblo pierde calidad de vida y eso que el conseller es de Petra. El centro estaba abierto de las 9.00 a las 21.00 horas y se desarrollaban muchas actividades como talleres de memoria, informática. Todo ello lo pierden los mayores. En las elecciones los populares ya dijeron en su programa que cederían el edificio a la tercera edad. Ahora había calma, todos venían, volverán los enfrentamientos», comentaban trabajadores y usuarios.
Sobre las 12 del mediodía se cambiaron las cerraduras del centro. El Ajuntament no tenía conocimiento de los hechos.
Reestructuración
El gerente de la Fundació, Javier Ureña, defendía que el cambio obedecía a una reestructuración del servicio. «Se han amortizado las cuatro plazas y ahora pasa a ser gestionado por la Asociación de la tercera edad. El centro estará abierto unas cuantas horas semanales y se harán otro tipo de actividades. La asociación se ofreció y lo consideramos una opción ventajosa para todo el pueblo. Estará abierto a todos los ciudadanos y el Govern se ahorra una partida inicial de 110.000 euros».
El presidente, Antoni Mercadal, quiso dejar muy claro que «el centro no solo es de la asociación sino que tiene las puertas abiertas a todo el mundo». También negó que fueran próximos al Partido Popular. «En nuestra asociación hay gente de todos los partidos», exponía.
Mercadal defendía que «debido a los recortes se ha tenido que adoptar esta decisión. Si el personal costaba 110.000 euros, nosotros tendremos 7.500 anuales por la electricidad y mantenimiento».
Recordó que «en su momento ofrecimos a la otra asociación unirse y no quisieron. Ellos tienen un local y nosotros no lo teníamos».