El Ajuntament de Pollença ha nombrado un procurador para que le defienda frente a un nuevo contencioso que propietarios del Vilar han interpuesto tras la desclasificación parcial de la urbanización en 2008. Este es el segundo contencioso que presentan vecinos del Vilar reclamando daños y perjuicios al Consistorio desde que el Govern protegiera en 2008 la parte alta de la montaña e impidiera por una cuestión de cómputo de metros, desarrollar también la parte baja.
En la primera ocasión, el juez dictaminó que es el Govern y no el Consistorio quien debe asumir las consecuencias de la Ley 4/2008 de Medidas Urgentes que blindó el Vilar, Cala Carbó y otras áreas emblemáticas del resto de la Illa contra cualquier proyecto urbanístico. El alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavía (PP), confía ahora en que este nuevo contencioso siga el mismo camino.
Condena
El Govern ya recibió el pasado noviembre el primer varapalo judicial por la desclasificación del Vilar. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) condenó a la Comunidad Autónoma a indemnizar con 1.600.006 euros a un propietario de la urbanización por la desclasificación de terrenos. La sentencia fue recurrida en diciembre ante el Tribunal Supremo y aún quedan pendientes de resolución cuatro expedientes más de propietarios del Vilar que reclaman al Govern 16.035.850 euros de indemnización. A estos hay que sumarles los contenciosos pendientes de resolución que también persentaron los propietarios de Cala Carbó contra la Ley 1/2008 que solicitan aproximadamente 140 millones de euros.
Medi Ambient cifra el montante total de las reclamaciones derivadas de la aprobación de la ley en 703.046.291,53 euros.
Por lo que se refiere al Consistorio, aunque el TSJB dictaminó que correspondía al Govern indemnizar, en el grueso de la sentencia el juez responsabilizaba al Ajuntament de no haber desarrollado dentro de plazo la urbanización del Vilar cuyo plan parcial y proyecto de urbanización datan de 1983. Diferentes cambios de normativa aplicados en Pollença en los últimos años retrasaron reiteradamente la ejecución de la urbanización.
A partir de 1999 correspondía al propio Ajuntament desarrollar la zona que había pasado al sistema de cooperación pero no lo hizo.