El alcalde de Campos, Sebastià Sagreras (PP), ha manifestado que cumplirá «a rajatabla» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Balears (TSJB) que ha ordenado la demolición, en un plazo de seis meses, de los apartamentos de ses Covetes.
Sagreras, hijo de uno de los socios de la sociedad que promovió el polémico complejo residencial, tampoco no ha descartado presentar un recurso de reposición ya que la decisión judicial presenta «algunas dudas».
En este sentido ha aclarado que la presentación de dicho recurso tendría como objetivo «que se nos aclaren unas dudas, más que a no cumplir lo que nos dice el auto judicial».
Sagreras también ha indicado que el Ajuntament «no tiene tiempo material» para llevar a cabo la demolición de las viviendas antes de los plazos marcados por el TSJB. Además ha recordado que el Consell de Mallorca cuenta con un anteproyecto preparado desde hace años para llevar a cabo la actuación.
Interpretación
El primer teniente de alcalde, regidor de Urbanismo y socio del PP en el Consistorio, Guillem Ginard (+Acció), ha afirmado que «todavía no tenemos la sentencia en nuestras manos y cuando la tengamos los técnicos municipales la estudiarán y tomarán las medidas oportunas para hacer cumplir la resolución».
Ginard también lanzó una cuestión al aire: «se interpreta que tiene que ser el Ajuntament quien proceda a la demolición y no los promotores pero tendrán que ser los técnicos quienes interpreten la sentencia».
Por otra parte, tanto Sagreras como Ginard recordaron que la decisión judicial anunciada por el TSJB «hace referencia a una sentencia de 2007 que ya llegó al Ajuntament cuando gobernaban otros partidos y que nunca se ejecutó».
Con todo, el pacto PP y +Acció en el Ajuntament de Campos ha mostrado su total predisposición para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Superior, «como no podría ser de otra manera» según el propio alcalde.
Ahora tendrán que ser los juristas municipales los que interpreten el auto y marquen el calendario de actuaciones para, dentro de un plazo de seis meses, proceder a la demolición de los apartamentos tras 18 años de litigios en los juzgados entre la promotora, el GOB y el PSM.