En un auto sin lugar a las interpretaciones y a las medias tintas la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) da un plazo de seis meses al alcalde de Campos, Sebastià Sagreras (PP), para completar la demolición de los 68 apartamentos ilegales de ses Covetes.
El Grup d'Ornitologia Balear (GOB) dio ayer a conocer la resolución firmada por los magistrados Pablo Delfont, Fernando Socias y Alicia Esther Ortuño que no solo ordena al Ajuntament campaner tirar abajo las mencionadas construcciones, sino que le obliga también a que todo esté demolido y los terrenos restituidos en plazo máximo de seis meses.
La interlocutoría del TSJB conmina al Consistorio, y en concreto a su alcalde, a ejecutar una sentencia del 2007 y ratificada por el Tribunal Supremo en el 2008, en virtud de la cual se anulaba la licencia de obra otorgada en 1992 y que avalaba la construcción de un conjunto residencial de 68 apartamentos y bares–restaurantes.
El auto judicial, en su parte dispositiva, fija unos plazos concretos y pormenorizados para la demolición de los inmuebles. De esta manera, antes del 15 de enero de 2013 el Ajuntament de Campos deberá haber presentado ante el TSJB un proyecto de demolición aprobado por el pleno municipal. Posteriormente, antes del 15 de marzo, deberá acreditar el inicio de las obras. Y, finalmente, no más tarde del 15 de mayo de 2013, el Consistorio deberá acreditar ante el tribunal la finalización de la demolición y restitución de la zona a su estado original.
El TSJB añade que la resolución, si bien no es firme, sí es ejecutiva, con lo que cualquier recurso contra ella que se presente, en principio, no suspende ni altera el transcurso de los plazos señalados.
Desde la formación ecologista, Miquel Àngel March calificó la resolución judicial de «histórica» y aseguró que «pone punto y final» al largo conflicto de ses Covetes. «Después de 18 años de litigio y gracias a la implicación, apoyo y constancia de muchas personas y colectivos, en seis meses, la zona volverá a su estado original».
Por otra parte, el alcalde Sebastià Sagreras ayer declinó hacer cualquier tipo de declaraciones al respecto. «Prefiero no realizar declaraciones ya que soy parte implicada. Me tenéis que entender», explicó. Su padre es uno de los principales socios de la empresa promotora.
El portavoz de Campos pel Canvi, Guillem Vidal, en la oposición, indicó que «si desde el primer momento se hubiera actuación correctamente, el pueblo se habría ahorrado mucho dinero y muchos quebraderos de cabeza». El Ajuntament litigó durante 12 años, de 1995 a 2007, en favor de la presunta legalidad de los edificios.