El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Manacor, Ángel Mateo Goizueta, instructor de los altercados de los que presuntamente fueron objeto autoridades del PP el pasado año en las fiestas de Sant Agustí, ha dejado sin efecto dos providencias dictadas por el anterior juez encargado de las pesquisas que buscaban clarificar los hechos ocurridos con la citación de varios testigos clave.
Se trata de una decisión en la que el abogado de los imputados por estos disturbios, Josep de Luis, ve «indicios de arbitrariedad» puesto que el magistrado «no argumenta ni razona» los motivos legales por los que ha anulado las dos providencias, que ni tan siquiera le fueron notificadas como tampoco fueron recurridas por las acusaciones, ejercidas por la Fiscalía, la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, y la consellera insular Catalina Soler.
Recurso
El letrado ha interpuesto un recurso contra la nueva providencia considerando que se trata de un acuerdo «no ajustado a Derecho» que «perjudica los intereses» de los imputados, quienes defienden que en ningún momento agredieron a las autoridades como tampoco les insultaron ni arrojaron nada.
Es más, un capitán de la Guardia Civil aseguró en la causa que no vio indicios de delito alguno y que «no había situación de peligro» alguna.
Así, entre los acuerdos que ha dejado sin efecto el juez se encuentra la citación de un testigo cuyo interrogatorio el abogado considera «esencial» para acreditar «una de las afirmaciones más graves» vertidas en las diligencias policiales, como es el intento de sustracción del arma reglamentaria a un agente de la Policía Local y que «no es más que una patraña extendida por el pueblo por la persona en cuestión».
Otra de las decisiones revocadas ha sido la obtención del listado de personas que acudieron esa jornada al PAC, bajo síntomas de haberse visto afectadas por el gas lacrimógeno que lanzó la Policía Local durante los supuestos incidentes.