La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración que promueve el Gobierno de España prevé, además de la reducción de un tercio de regidores de los ayuntamientos, la eliminación de ciertas competencias que ahora gestionaban los consistorios.
Una medida que ha dividido a los alcaldes consultados por este periódico pero que a su vez defienden que «lo importante no es quien las gestione si no que estén bien financiadas para ofrecer un buen servicio», una opinión de comparten los alcalde de Manacor y Algaida.
Otros, como el alcalde de Porreres, ven en ello una buena oportunidad para descargar a los ayuntamientos de gastos por competencias mal financiadas.
El más crítico con la nueva medida ha sido el alcalde de Santa Margalida. Miquel Cifre cree que este nuevo paso sólo tiene como objetivo «privatizar los servicios».
El alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, cree que es oportuno tomar estas decisiones y confía en que los ajuntaments tendrán menos carga económica. El alcalde en funciones de Inca, Felip Jerez, lo ve positivo.